PDDH investiga cuatro casos de ejecuciones extrajudiciales
La PNC y la FAES siguen siendo las dos instituciones más denunciadas por violar derechos de la población, según la Procuraduría.
Raquel Guevara, procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, dijo que la institución ha iniciado en los primeros seis meses de su gestión cuatro casos de ejecuciones extrajudiciales a manos de cuerpos de seguridad del Estado. Guevara señaló que los cuatro casos en proceso suman un total de 12 víctimas presuntamente asesinadas por cuerpos de seguridad pública.
Los casos que se abrieron desde la llegada de Guevara a la institución son el asesinato de cuatro personas en el que se vincula a miembros de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) en Cangrejera, La Libertad; el caso de dos adultos asesinados supuestamente a manos de miembros de la FAES y de la Policía Nacional Civil (PNC) en Chapeltique, San Miguel; el asesinato de cuatro hombres en Ilobasco, Cabañas, en el que se vincula a agentes policiales; y otro homicidio en El Triunfo, La Paz, en el que igualmente se involucran a las instituciones encargadas de velar por la seguridad pública.
La funcionaria aceptó que existe un gran subregistro de casos de ejecuciones ilegales realizadas por miembros de la FAES y miembros de la PNC.
Según datos oficiales, en los dos primeros meses del año ocurrieron 111 enfrentamientos armados entre supuestos delincuentes y fuerzas del orden, en los que fallecieron 102 presuntos criminales.
“Hay casos en los que no tenemos capacidad de respuesta inmediata por el presupuesto y el poco recurso humano. Pero a los casos más emblemáticos les hemos dado seguimiento”, dijo la procuradora, quien agregó que de los casos legados por la anterior gestión, uno está a punto de ser resuelto.
El exprocurador para la Defensa de los Derechos Humanos, David Morales, comprobó la existencia de ejecuciones extrajudiciales y modificaciones de escenas por parte de autoridades de seguridad en al menos dos casos.
La actual titular informó que la PNC y la FAES continúan siendo las instituciones públicas más denunciadas por violentar derechos a la población. En 2016, la PNC acumuló 1,012 denuncias y la FAES, 786. Expedientes entre los que se incluyen casos por tortura y golpizas, entre otros.
Datos de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) muestran que el delito que más se denuncia es el de amenazas a la integridad física.
Guevara informó que en 2016 la PDDH atendió 168 casos por desplazamientos forzados, mientras que este año han atendido a 27 familias por este fenómeno.
La procuraduría dijo que no conocía casos en los que los cuerpos de seguridad hayan podido causar un desplazamiento forzado en el país.