Empacadores sobornaron al oficialismo
Dos grandes empacadoras de carne brasileñas sobornaron a inspectores para mantener en el mercado carne putrefacta.
“Dentro de la investigación quedaba bien claro que una parte del dinero de los sobornos era, sí, destinada a partidos políticos, sobre todo (...) dos partidos: el PP y el PMDB”. MAURICIO MOSCARDI, PORTAVOZ POLICIAL
La Policía brasileña arrestó ayer al menos a 20 personas por su presunta participación en una trama corrupta para vender grandes cantidades de carne vencida y hasta podrida, y que implica también a políticos y funcionarios públicos, según las autoridades. Con los fraudes cometidos a través de grandes empresas frigoríficas se beneficiaron miembros del conservador Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), en el que milita el presidente Michel Temer, aseguró un portavoz policial durante una rueda de prensa en Curitiba, en el sur del país.
También está implicado el centroderechista Partido Progresista (PP), citó el diario Estado de Sao Paulo al portavoz Mauricio Moscardi.
En total, las autoridades emitieron 38 órdenes de arresto, 34 de ellas contra funcionarios, sobre todo controladores del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento, según el portal Globo.
Entre los detenidos de la llamada operación Carne Fraca (Carne Mala) están ejecutivos de varias empresas frigoríficas.
Según las acusaciones, las empresas implicadas “maquillaban” con productos químicos la carne vencida y la volvían a poner a la venta, actuando para ello con la complicidad de controladores públicos, que hacían la vista gorda a cambio de recibir sobornos.
“No había una relación de extorsión, sino de beneficio y de alimentación mutua entre ellos”, explicó Moscardi, quien no dio nombres ni detalles sobre los políticos.
“Dentro de la investigación quedaba bien claro que una parte del dinero de los sobornos era, sí, destinada a partidos políticos, sobre todo (...) dos partidos que están claros: el PP y el PMDB”, agregó.
El Ministerio de Agricultura condenó los hechos en una primera reacción. “Lo que las pesquisas de la Policía Federal indican es que es un crimen contra la población brasileña que merece ser castigado con todo rigor”, señaló el ministro Blairo Maggi, quien canceló una licencia laboral que tenía por 10 días debido al escándalo.