Es vital para el proceso del país que haya seguridad en todos los campos del quehacer nacional
ATAQUES COMO LOS QUE SUFREN CONSTANTEMENTE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA POR SUS DECISIONES, QUE PUEDEN SER OPINABLES PERO NO DESCARTABLES, CONSTITUYEN EXPRESIONES DE INTOLERANCIA QUE ATENTAN CONTRA LA SEGURIDAD DEL ESQUEMA INSTITUCIONAL ESTABLECIDO.
Estamos ya enfilados hacia un ejercicio electoral que tiene dos fechas de culminación: marzo de 2018 para elegir la nueva legislatura y los concejos locales, y marzo de 2019 para elegir al Presidente y al Vicepresidente de la República. Esto significa que se avecinan dos decisiones que son determinantes para el futuro inmediato de la nación, y por consiguiente que habrá durante todos los meses que vienen una atmósfera cargada de expectativas y ansiedades, tanto en lo que corresponde a los partidos políticos en contienda como en lo toca a la población que no sólo elegirá sino que recibirá los efectos de las elecciones que haga. En medio de todo ello el país tiene que seguir adelante, y justamente lo que hay que garantizar es que el fenómeno electoral no paralice ninguna de las dinámicas básicas para continuar en la tarea de estabilización y de modernización que la democracia exige.
Nuestro ambiente en general está necesitado de afianzar y consolidar la seguridad en todos los aspectos. Desde luego, lo que más presencia tiene en la cotidianidad de los salvadoreños es el imperativo de la seguridad ciudadana, tan afectada por el accionar del crimen en sus diversas expresiones. Sin embargo, si bien esa seguridad demanda tratamientos prioritarios porque la misma situación así lo determina, no hay que perder de vista que hay otras formas de seguridad que también son esenciales para que haya normalidad en clave de progreso. Y al respecto hay que mencionar la seguridad jurídica, la seguridad institucional, la seguridad política, la seguridad económica, la seguridad social, la seguridad ambiental, entre otras.
En cada una de esas áreas se están necesitando acciones decididas para corregir distorsiones y llenar vacíos. Pongamos por caso la seguridad institucional, de la que se habla muy poco como tal, pero que es básica para que todo lo demás funcione como debe ser. Al hablar de seguridad institucional nos referimos a puntos críticos como es la preservación del respeto entre las instituciones y el cumplimiento de las responsabilidades que son propias de cada una de ellas. Ataques como los que sufren constantemente la Fiscalía General de la República y la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia por sus decisiones, que pueden ser opinables pero no descartables, constituyen expresiones de intolerancia que atentan contra la seguridad del esquema institucional establecido.
En lo que se refiere a la seguridad política, es preciso que las distintas fuerzas que operan en dicho ámbito tengan bien definidos y actualizados sus idearios y sus estrategias, de tal forma que la ciudadanía sepa con certeza qué representa y qué pretende cada quien. En tal sentido hay muchas vaguedades e indefiniciones que habría que superar en forma responsable, precisamente porque todas esas fuerzas están programáticamente al servicio del bien común y del interés ciudadano.
Si bien nuestro proceso evolutivo ha venido siguiendo una línea sin rupturas, lo cual representa una base sólida para continuar avanzando, es preciso enriquecer el ejercicio democrático apuntalándolo en todos los sentidos; y la seguridad es, sin duda, el factor principal para lograrlo.
Estamos en un momento de múltiples expectativas y a la vez de cuestionamientos constantes. Esto hay que verlo y tratarlo como una oportunidad de maduración del sistema de vida y de apertura de nuevas opciones hacia el progreso real, en el que todos tenemos participación y del que todos merecemos beneficios.