Lamáquina

Ese dinero no volverá. Ninguno de esos centavos, de esos millones de dólares que exfuncionarios de distinto cuño le robaron a la ciudadanía regresará. Y si vuelven, serán solo centavos.

Así pues, el ejercicio que sigue ocupando buena parte de los esfuerzos de la Fiscalía General de la República tiene como propósito la reparación a las arcas públicas solo como figura retórica, como esa metáfora más veces amarga que dulce a la que llamamos justicia.

El principal valor de ese afán institucional es que los ciudadanos conozcamos la verdad de esos desfalcos, si tales prácticas fueron posibles además de por la calaña de los indiciados gracias a la existencia de un método.

Si hubo un método para despojar al Estado y beneficiar a particulares, entonces hubo un sistema que al menos lo permitió; si ese sistema existe, instalado en el aparato gubernamental, es porque hay una cultura de desprecio al interés público.

Talvez de las eventuales condenas a esos personajes derive una convicción ciudadana más firme y menos distraída sobre la naturaleza del poder político y su estatus como antípoda de la sociedad civil.

Consciente de esta posibilidad, el partido en el Gobierno y sus ujieres –algunos de ellos enfundados en la camisa de ARENA– hacen lo imposible para popularizar otra noción, la de que la justicia que pregona la contraloría a través de los casos de los últimos dos expresidentes es una vulgar vendetta política, y que la Fiscalía salvadoreña es una locomotora, una máquina de tripas al rojo vivo, con insaciable apetito por la destrucción.

En esa descalificación del trabajo fiscal, Elías Saca y Mauricio Funes gozan de impredecibles aliados: los enemigos que dejaron en la esfera política, en los medios de comunicación y el a veces chabacano manejo de la información de la misma FGR. Entre ellos, rebajan la discusión de estos casos al campo de la politiquería nacional, y transforman el análisis de lo sucedido en una carrera de insultos divertidos, la más salvadoreña de las virguerías.

La celeridad y facilidad con la que se pasa de la información a la opinión y de la opinión a la celebración de un resultado penal cuando los juicios no han superado la instrucción –o ni siquiera se han abierto– es de mal gusto tratándose de funcionarios de elección popular, increíble cuando proviene de profesionales del derecho, e imperdonable viniendo de informadores o periodistas.

El mal disimulado encono que se le tiene a uno o a otro expresidente en esas esferas facilita la confusión del ciudadano. Es una lástima que el énfasis no se ponga en la justicia que todos queremos, sino en la venganza que unos pocos necesitan.

Igual pasa con la política de comunicaciones de la Fiscalía, que si bien ya no raya en el culto a la personalidad característico de la administración de Luis Martínez, cae más veces de lo necesario en un exceso de detalles que, si no es en manos de un juez, solo sirven para alimentar el morbo y manipular a la opinión pública. Tal práctica es irresponsable per se y ni se diga en casos a los que la volátil opinión ciudadana es tan susceptible como los de la corrupción de los primeros funcionarios del Estado.

Tan urgente es desarmar esta máquina como aquella: la del linchamiento figurado como la del despojo del erario. Queremos la verdad, no brujas en una hoguera.