El fortalecimiento institucional, sobre todo en las áreas más decisivas para la salvaguarda del Estado de Derecho, es clave en el avance democrático

La discusión que se ha dado en la Asamblea Legislativa en referencia al destino de los fondos provenientes de la contribución especial aplicada a las telecomunicaciones y a los grandes contribuyentes es una muestra más de que ni siquiera los acuerdos más específicos y puntuales pueden ser alcanzados en forma natural y fluida. En este caso, la distribución institucional de los 11,325,000 dólares recaudados ha estado, como siempre, contaminada de virus pasionales, según se demuestra en la resistencia gubernamental a darle un porcentaje serio a la Fiscalía General de la República, que por su actual desempeño despierta rechazos y genera ataques desde importantes áreas del poder.

Desde que entramos en esta fase de modernización institucional dentro del marco de la democracia que se ha venido desarrollando en la posguerra, la presencia y la incidencia del Estado de Derecho se hace cada vez más notoria. Y en los tiempos recientes, el accionar de algunas instituciones claves al respecto pone de relieve que vamos avanzando en la línea correcta, aunque por supuesto con las limitaciones y los obstáculos que son esperables cuando se viene de una larga época en que la ley tuvo muy poco efecto real, sobre todo en los diversos ámbitos donde se mueve la política.

Tal avance institucional es reconocido tanto interna como externamente, y lo que a la nación y a la ciudadanía les conviene es que dicho avance no sólo se mantenga sino que se profundice y se vaya perfeccionando de manera progresiva y segura. Esto implica hacer que en los hechos las instituciones más directamente involucradas, como por ejemplo la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, reciban los apoyos estructurales que son indispensables para garantizar el adecuado y suficiente funcionamiento y a la vez contar con ejercicios internos permanen- tes de depuración y de descontaminación.

En el tema prioritario de la investigación, tanto la Policía como la Fiscalía deben estar permanentemente al día, porque la criminalidad se recicla sin cesar y la imaginación criminal nunca se detiene. Recuérdese que según el mandato constitucional a la Fiscalía le corresponde “dirigir la investigación del delito con la colaboración de la Policía Nacional Civil en la forma que determine la ley”. Al ser así, es obligación del Estado proveer a ambos entes de todo lo que se requiera para responder al reto que sus atribuciones traen consigo, lo cual es determinante para que la situación nacional en su conjunto se pueda mantener bajo control. El otorgamiento oportuno de los recursos apropiados para que la labor pueda ser cumplida a cabalidad y a plenitud es factor decisivo en todo momento.

Sobre todo en puntos como éste, el servicio al bien común tiene que estar por encima de cualquier diferencia, aun las más enconadas en el plano político. La madurez básica exige que la institucionalidad se respete a sí misma, independientemente de toda consideración que responda a intereses de grupo o de sector.

Si no se quiere que aparezcan entes internacionales para hacer el trabajo de los entes nacionales, como sería una CICIES o alguna otra versión de la misma, hay que apoyar y consolidar el trabajo que ya se ha emprendido en el país, a fin de impulsar la ejemplaridad desde adentro.

SI NO SE QUIERE QUE APAREZCAN ENTES INTERNACIONALES PARA HACER EL TRABAJO DE LOS ENTES NACIONALES, COMO SERÍA UNA CICIES O ALGUNA OTRA VERSIÓN DE LA MISMA, HAY QUE APOYAR Y CONSOLIDAR EL TRABAJO QUE YA SE HA EMPRENDIDO EN EL PAÍS, A FIN DE IMPULSAR LA EJEMPLARIDAD DESDE ADENTRO.