ACNUR no reconoce desplazamiento masivo por violencia
El representante de ACNUR en el país se adhiere al discurso del Gobierno. Mesa contra Desplazamientos Forzados muestra al menos seis casos.
Agni Castro Pita, jefe del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en El Salvador, considera que los desplazamientos por razones de violencia y seguridad no son un fenómeno masivo en el país. El diplomático se adhirió a lo dicho por el gobierno central y evitó el término de desplazamiento “forzado” ya que, según él, en El Salvador no hay un “desplazamiento por control territorial o de personas”, o que sea “producto de un conflicto interno”.
“Yo no he dicho desplazamiento forzado en ningún momento, en ningún momento, que quede claro en su grabación. Yo no he mencionado las palabras desplazamiento forzado. No estoy diciendo que no existe, estoy diciendo que no lo he mencionado. He dicho que hay personas que dejan sus comunidades, sus hogares por la violencia o por cuestiones de inseguridad. No hemos visto en El Salvador esos movimientos masivos de comunidades enteras, que se dieron, por ejemplo, en Colombia, que sí era crónica de un desplazamiento anunciado, que había un grupo armado que dice que el 25 de marzo una población tiene que salir. Eso no existe”, declaró Castro.
Los medios de comunicación han reportado casos de desplazamientos internos de comunidades, como el ocurrido el año pasado en varios caseríos del municipio de Panchimalco, o como el que se registró en Caluco, Sonsonate, donde 15 familias abandonaron sus viviendas por amenazas de pandillas.
El informe del año pasado de la Mesa de Sociedad Civil contra el Desplazamiento Forzado por Violencia y Crimen Organizado reconoce al menos seis casos de desplazamientos colectivos por la situación de violencia. La mesa atendió entre agosto de 2014 y diciembre de 2016 en total 339 casos de desplazamientos forzados, que representan 1,322 víctimas.
Según el informe de esa organización, en la mayoría de los casos “las familias viven en sus comunidades bajo un temor profundo y riesgo a su seguridad, y han tomado la decisión de desplazarse, pero no han
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logrado consumarla debido a causas en su mayoría relacionadas con la falta de recursos o carencia de opciones viables de apoyo para su red familiar”.
El representante de ACNUR en El Salvador acotó que actualmente el organismo internacional se encuentra trabajando con proyectos para reforzar la capacidad de respuesta y coordinación de las instituciones de Gobierno para atender los problemas de desplazamientos internos.
La Mesa contra el Desplazamiento Forzado registró un aumento progresivo de las solicitudes de protección internacional de personas del Triángulo Norte entre 2010 y 2015; además, identificó que la mayoría de casos no se denuncian por temor.
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos atendió 168 casos por desplazamientos forzados en 2016.
SIN REGISTRO
El representante de ACNUR en El Salvador reiteró lo dicho por el gobierno central para matizar la gravedad de los desplazamientos por violencia. “El desplazamiento se da porque la gente tiene miedo, la gente no dice que va a salir porque tiene miedo, la gente lo hace de la forma más secreta... Por eso no se puede decir una cifra real de personas que se desplazan por la violencia de las maras”, dijo.
La procuradora general, Sonia de Madriz, aseguró ayer que es posible que el Gobierno no reconozca el problema del desplazamiento forzado por la dificultad para contabilizar los casos. La funcionaria añadió que la Procuraduría General de la República está a la espera de que el Ejecutivo reconozca el fenómeno para poder intervenir.