La función del e-gobierno en El Salvador
La premisa fundamental del e-gobierno, conocido en el idioma inglés como E-government, tiene por fundamento acercar las necesidades de información, eficiencia, transparencia, participación ciudadana y bienestar a fin de fortalecer las instituciones públicas bajo el concepto de democracia plena con derechos humanos esenciales. Como resultado de ese concepto, Internet ha sido la herramienta más poderosa y de control que la mente humana ha podido crear en las últimas décadas, aunque para algunos países, dicha herramienta ha sido un reto en aceptar su adopción plena, situación que no deja de incomodar a ciertos sectores públicos y privados extremistas con tendencias inusuales de plena libertad.
Para el caso particular de El Salvador, ¿quién o quiénes deberían estar sumamente comprometidos a promover y conservar este tipo de iniciativas? El primero en la lista es el Gobierno, a través de la capacitación de los funcionarios a fin de adoptar su plena práctica y experticia; luego el sector privado y seguidamente la sociedad; no a gran escala pero ciertamente realizado, nuestro país en cuanto a esta función de capacitación de funcionarios, promoción y adopción, en alguna medida ha sido cubierta y aplicada, no obstante existen limitaciones en la implementación del concepto y funcionalidad. Por ejemplo, ¿qué sucede cuando un ciudadano en general solicita información respecto a cualquier documento y/o material necesario para completar o dar seguimiento a necesidades personales de información o investigación? Normalmente ese ciudadano es referido a portales de acceso a la información pública, a lo cual luego de una serie de trámites administrativos, una entidad pública autorizada para este tipo de trámites “facilita” la información solicitada, siempre y cuando “no comprometa información privada o sensitiva a los intereses institucionales o de país”, a partir de ese momento se deja en cuestión si realmente accedemos a todo tipo de información o simplemente a bases de datos que tienen información pública con clasificación “posible de publicar o compartir”, situación que debe reflejarse como “información de acceso público y transparencia” solo para dar cumplimiento a acuerdos nacionales o internacionales pero sin comprometer intereses que afecten jerarquías.
La práctica indica que el e-gobierno debería en teoría subsanar la falta de transparencia creada institucionalmente y no permitir ocultar información con fines o intereses individuales porque al final el resultado es la creación de instituciones públicas débiles y llenas de sesgos.
El e-gobierno también implica acceso amplio entre los ciudadanos, en la era presente del conocimiento de poco serviría operar programas de Tecnologías de la Información si los países no cuentan con cobertura amplia de Internet, es decir, la idea y concepto de aplicación se verían limitados y en su defecto como una “falacia” de sociedades abiertas. Entre otros muchos aspectos, la igualdad de género es otro aspecto que mayoritariamente en países en vías de desarrollo es sumamente cuestionado y visto como un punto medular para ejecutar diversos proyectos encaminados a fortalecer dicho fenómeno social. Internet debe ser una herramienta de acceso para todos y el e-gobierno es la herramienta para informar y reportar todo lo bueno y
LA PRÁCTICA INDICA QUE EL E-GOBIERNO DEBERÍA EN TEORÍA SUBSANAR LA FALTA DE TRANSPARENCIA CREADA INSTITUCIONALMENTE Y NO PERMITIR OCULTAR INFORMACIÓN CON FINES O INTERESES INDIVIDUALES PORQUE AL FINAL EL RESULTADO ES LA CREACIÓN DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DÉBILES Y LLENAS DE SESGOS.
malo que este caso se refiere a la gestión pública.
Diversos países alrededor del mundo utilizan políticas y leyes del e-gobierno flexibles y corruptas, existen incluso instituciones que basan su estrategia de no entregar libremente información a sus ciudadanos apegados a resoluciones de juntas directivas que acuerdan cláusulas de “información restringida”, las cuales año tras año son aprobadas, y nunca llega el día que verdaderamente revele información clasificada sencillamente para no explicar por qué “x” proyecto, investigación o proyecto no se ha podido ejecutar, etcétera.
Los países en vías de desarrollo deben crear políticas que funcionen en sintonía con estándares mundiales de ética y buenas prácticas, las cuales no son perfectas pero tienen mayor transparencia.