FGR: CUENTAS LIGADAS A “CHEPE DIABLO” SIN JUSTIFICAR $215 MILLONES
La investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) da cuenta que son $215,167,786.42 los que no han podido justificar el empresario metapaneco José Adán Salazar Umaña (alias “Chepe Diablo”), Juan Umaña Samayoa (alcalde de Metapán) y otras siete personas parte del núcleo familiar de ambos. Los nueve son acusados del delito de lavado de dinero y activos; sin embargo, la Policía Nacional Civil (PNC) solo ha podido detener a cuatro: José Adán Salazar Umaña; Sara Paz Bojórquez, exesposa de “Chepe Diablo”; Susana Noemy de Cruz, hija de “Chepe Diablo”; y Romelia Guerra Argueta, exesposa del alcalde de Metapán y madre de Wilfredo Guerra, hijo del alcalde. Estos dos últimos, Juan Umaña y Wilfredo Guerra (presidente de Gumarsal), son prófugos de la justicia junto con José Adán Salazar Martínez, hijo de “Chepe Diablo”; Miriam Haydee Salazar de Umaña, esposa del alcalde de Metapán; y Tránsito Ruth Mira de Guerra, esposa de Wilfredo Guerra.
El director de la PNC, Howard Cotto, dijo ayer que “Chepe Diablo” fue detenido el martes pasado en la carretera que conecta el lago de Coatepeque con la Santa Ana, cuando regresaba de una casa a la orilla del lago.
Sobre los ingresos, Douglas Meléndez, fiscal general de la República, aclaró, por separado, que se trata de una cifra que se desprende de las indagaciones preliminares, por lo que no descartan que suba, conforme avancen las pesquisas de los fiscales del Grupo Contra la Impunidad (CGI).
Meléndez explicó que han llegado a esa estimación, porque asegura que solo han investigado financieramente a 26 empresas activas de casi un centenar de sociedades que podrían haber sido utilizadas por “Chepe Diablo” y compañía para lavar dinero.
“Esta organización tiene a un patriarca, ese es José Adán Salazar”, declaró el jefe fiscal de la Unidad de Investigaciones Financieras (UFI), Jorge Cortez.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, las nueve personas presentan en su calidad de personas naturales un incremento de su patrimonio sin justificar desde 2003 de $38,061,205.60. Sin embargo, estas mismas personas formaron sociedades comerciales que también reportan un aumento desmedido de fondos. “Hay varias decenas de sociedades de personas jurídicas, muchas de las cuales fueron ocupadas como fachada o sociedades de cartón”, dijo el fiscal general.
El director de la Policía dijo que esas sociedades fueron constituidas con familiares de “Chepe Diablo” y del alcalde de Metapán, que prestaron sus nombres para los trámites de registro comercial. “Por eso están acusados también de lavado de dinero”.
Dos de las compañías que sí operaron son Hoteles Salvadoreños, S. A. de C. V. (HOTESA) y Agroindustrias Gumarsal. Entre ambas, según el informe fiscal, reportan un aumento de fondos de $177,106,580.82.
Cotto dijo que solo Gumarsal ha tenido un aproximado de 300 operaciones financieras, en un lapso de 12 años, valoradas en un aproximado de $1,000 millones.
DOS PROCESOS JUNTOS
El director de la PNC señaló que es la primera vez que llevan de forma conjunta el lavado de dinero y la extinción de dominio, para que el Estado se pueda quedar con los inmuebles de procedencia dudosa. “Este es el primer caso donde se está abordando la parte penal y el proceso de extinción de dominio”, confirmó, y aclaró que además de la búsqueda de los cinco prófugos “estamos registrando 69 inmuebles ubicados en 47 lugares: 15 en Santa Ana, 18 en La Libertad, cuatro en Sonsonate, siete
La PNC reveló ayer que capturó a tres mujeres junto a José Adán Salazar Umaña. El alcalde de Metapán, su hijo y tres personas más están prófugos, todos acusados de lavado de dinero.
en San Salvador, dos en Usulután y uno en La Paz. Unos 43 de esos inmuebles “bajo la óptica de lavado de dinero y otros 26 “con fines de extinción de dominio”.
Entre esos registros se encuentran 28 sociedades, de las cuales tres serían con fines de extinción: Gumarsal, HOTESA y Molinos San Juan. También hay registros en siete hoteles, residencias y gasolineras de los sospechosos.
Las autoridades revelaron pocos detalles de la forma en que los acusados movían el dinero. Solo señalaron que hubo multiplicidad de operaciones financieras, cierres de cuentas bancarias en tiempos cortos, traslados de fondos a cuentas personales y no de empresas, préstamos no justificados y pagados casi de inmediato, así como la creación de empresas fachada que fueron registra- das y nunca funcionaron, además de la compra de bienes para perder el rastro del dinero.
El fiscal general dijo que un claro ejemplo que genera dudas sobre la dinámica económica de estas personas es que la Alcaldía Municipal de Metapán tiene 80 cuentas bancarias activas en el Banco Promérica. “Algunos bancos sí pasaron notificaciones de los montos, otros no”, añadió.
La FGR tampoco aclaró de dónde salieron esos $215 millones, no ahondó sobre los indicios de los acusados con narcotráfico, y solo se limitaron a decir que las investigaciones para dar con el origen del ilícito que facilitó obtener esos fondos continúan.