Supremo niega revisar la deportación de 64 centroamericanos
En ese grupo de 29 mujeres centroamericanas y sus 35 hijos, llegados a Estados Unidos en 2015, se encuentran salvadoreños.
El Supremo de Estados Unidos rechazó ayer revisar el caso de 64 mujeres y niños indocumentados de Centroamérica que demandaron al Gobierno al considerar que se aceleró su proceso de deportación sin analizar bien sus peticiones de asilo, y sin defenderse debidamente ante un juez de inmigración.
Al negarse a analizar el caso, el Tribunal Supremo dejó en pie la sentencia de la instancia inmediatamente inferior, una corte federal de apelaciones con sede en Filadelfia que, en agosto de 2016, había dado la razón al Gobierno.
La decisión del Supremo mantiene en marcha el proceso de deportación para esas familias, que buscaban que un juez federal evaluara su caso y examinara la legalidad de su proceso de expulsión bajo el auto de hábeas corpus.
“Este es un golpe devastador para estas mujeres y niños, que ahora afrontan la perspectiva de ser devueltos al abuso y peligro del que escaparon”, dijo a Efe el principal abogado de las familias afectadas, Lee Gelernt.
“El Gobierno todavía podría hacer lo correcto, si decide repetir su audiencia para que sea justa y liberarlos de la detención”, añadió el abogado, que es también el subdirector del proyecto sobre derechos de inmigrantes en la organización de derechos civiles ACLU.
Entre las mujeres afectadas están algunas de las madres que a mediados del año pasado protagonizaron una huelga de hambre en el centro de detención para indocumentados en Berks (Pensilvania), con el fin de pedir su liberación tras una prolongada detención.
Diecinueve de las mujeres y niños afectados por la decisión siguen detenidos en ese centro en Berks, donde algunos llevan más de un año, según ACLU.
Entre ellos hay una madre de El Salvador y su hija de dos años, que huyeron del país para escapar del padre de la niña, quien violó a la mujer y amenazó con matarla, de acuerdo con la misma organización.
También están en el grupo, según ACLU, una mujer que huyó de Honduras.