Se ha aprobado una solución de coyuntura para proceder al pago de la obligación previsional vencida, pero el problema como tal queda pendiente

El Gobierno había caído ya en impago al no honrar a tiempo la deuda que tiene con el sistema de pensiones por el uso de los fondos previsionales, y tal situación, que se ha estado gestando desde hace ya algún tiempo, aparte de las grandes inseguridades internas que ha provocado acarrea un acelerado deterioro en la credibilidad crediticia, lo cual ha producido ya rebajas importantes y de graves efectos previsibles en la calificación del país. La solución coyuntural a esta fase del problema, aprobada el pasado viernes con el apoyo de algunos partidos de oposición, se da por la vía de una reforma al Presupuesto General del Estado, sustrayendo fondos en áreas como Educación, Salud y Seguridad Pública, lo cual al instante ha sido cuestionado porque se tocan zonas presupuestarias de alta sensibilidad social y se mantienen a salvo gastos de carácter superfluo. En otras palabras, se recorta en lo esencial y se deja intacto lo superficial.

Al mismo tiempo que se daba la solución coyuntural aludida se hizo una reforma de última hora a la Ley del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP), en el sentido de extender a 50 años el plazo para pagar los certificados de inversión previsional. Todo esto es una forma de salir del paso sin encarar la necesidad de tomar las medidas tanto orgánicas como procedimentales para evitar en el futuro, tanto inmediato como de largo alcance, caer en trastornos como el presente. Y, en todo caso, está claro que no puede haber ningún plan funcional si no se activan de veras y en forma consensuada tres factores inesquivables: austeridad, responsabilidad y efectividad.

Resulta evidente que, en los distintos ámbitos oficiales, hay un rechazo sistemático a la austeridad responsable y efectiva. La tozuda insistencia en ir tapando hoyos con más deuda es la mejor prueba de ello; y muchos sostienen que haber llegado al nivel del impago fue una táctica premeditada para presionar en el sentido de no salirse del círculo vicioso del endeudamiento a cualquier costo. Sea como fuere, por ahí no se llega a ninguna parte, y si no hay lo más pronto posible un esfuerzo real y sustancial para alcanzar el tipo de acuerdos que antes señalábamos, dentro de muy poco estaremos en las mismas, con consecuencias cada vez más adversas y deteriorantes.

Hay que enfrentar la cuestión vital del sistema de pensiones, pero en forma seria y desprejuiciada, que es lo que hasta ahora no se ve en camino. También hay que ordenar las finanzas públicas para que las improvisaciones interesadas, como la que se dio el pasado viernes en la Asamblea, no sean las que prevalezcan contra toda sensatez real. Y, desde luego, es indispensable activar de veras mecanismos de entendimiento político que no sean meros ejercicios de apariencia, sino dinámicas eficaces que puedan conducir a soluciones sostenibles.

Si se actúa con claridad y con visión –y las distintas fuerzas nacionales están llamadas a ello– todos saldrían beneficiados del logro de los acuerdos pertinentes. Hay que entender que la ciudadanía, que es la que ve más desapasionadamente ve las cosas, no quiere conflictividades estériles sino respuestas convincentes a sus demandas y a sus aspiraciones. Esto hay que subrayarlo de manera constante, para que nadie pueda hacerse el desentendido.

Lo que hay que evitar a toda costa de aquí en adelante es que la condición del país se siga deteriorando. Y la política tiene que poner lo suyo para que eso se detenga y podamos entrar en nuevas fases constructivas. No hacerlo es apostarle al desastre.

RESULTA EVIDENTE QUE, EN LOS DISTINTOS ÁMBITOS OFICIALES, HAY UN RECHAZO SISTEMÁTICO A LA AUSTERIDAD RESPONSABLE Y EFECTIVA. LA TOZUDA INSISTENCIA EN IR TAPANDO HOYOS CON MÁS DEUDA ES LA MEJOR PRUEBA DE ELLO.