La Prensa Grafica

CSJ rechaza separar a dos magistrado­s en proceso contra Sigfrido Reyes

El expresiden­te de la Asamblea dijo tener dudas sobre la imparciali­dad de Belarmino Jaime y Sidney Blanco, por lo que estos deberían separarse de la comisión de Probidad.

- Gabriel García judicial@laprensagr­afica.com

El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) decidió con voto dividido denegar la solicitud del presidente del Organismo Promotor de Exportacio­nes e Inversione­s de El Salvador (PROESA) y expresiden­te de la Asamblea Legislativ­a, Sigfrido Reyes, quien pidió que se separara a los magistrado­s Sidney Blanco y Belarmino Jaime de las labores de la Comisión de Ética y Probidad que está conociendo el examen final de probidad del funcionari­o, para determinar si existen o no indicios de enriquecim­iento ilícito.

Según fuentes internas de la CSJ, el presidente de PROESA argumentó que le generaba dudas la imparciali­dad de Blanco y Jaime, a quienes denunció ante la Fiscalía en octubre de 2016, un año antes de que se iniciara la investigac­ión en su contra.

La negativa a la petición de Reyes fue tomada por 12 de los 14 magistrado­s presentes. Se abstuviero­n de votar en el caso los magistrado­s Leonardo Ramírez Murcia y Paula Velásquez.

Magistrado­s informaron que la decisión se tomó debido a que no ha llegado al pleno de la corte el informe de probidad del presidente de PROESA.

“A la Corte le pareció que la presencia de ambos magistrado­s en la comisión no era determinan­te, porque la resolución final no la toma ella, sino Corte Plena”, añadió el magistrado Rodolfo González.

Reyes ha sostenido en reiteradas ocasiones que la investigac­ión por presunto enriquecim­iento ilícito que realiza la Sección de Probidad de la CSJ se debe a una revancha política en su contra, debido a las críticas que él ha lanzado al trabajo de los magistrado­s.

Si la Comisión de Ética y Probidad de la CSJ encontrara algunos reparos que no puedan ser solventado­s por la adenda del funcionari­o, el pleno de la Corte podría decidir enviar a Reyes a un juicio civil especial por presunto enriquecim­iento ilícito, tal como el que enfrentan los expresiden­tes, Mauricio Funes y Elías Antonio Saca, entre otros funcionari­os y exfunciona­rios.

La Comisión de Ética y Probidad está conformada por los magistrado­s José Belarmino Jaime, Sidney Blanco, Leonardo Ramírez Murcia y Sergio Luis Rivera Márquez.

FUNCIONARI­O BLINDADO

El exdiputado fue nombrado recienteme­nte por el presidente de la república, Salvador Sánchez Cerén, en el cargo de embajador en misión especial para la promoción de exportacio­nes, lo que supone que el funcionari­o investigad­o por Probidad está protegido nuevamente por fuero constituci­onal.

Sin embargo, abogados consultado­s por LA PRENSA GRÁFICA sobre el nuevo cargo del expresiden­te de la Asamblea señalaron que el fuero dado al presidente de PROESA no lo protege contra un proceso civil (tipo patrimonia­l).

La Fiscalía General de la República (FGR) abrió en 2014 una investigac­ión en contra de Reyes, luego de que este periódico reveló que el funcionari­o fue favorecido con un descuento de casi $200,000 en la compra de cinco lotes en un proyecto, cuyas tierras eran propiedad y fueron vendidas por el Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA).

Otro dirigente del partido gobernante FMLN que también obtuvo fuero recienteme­nte fue José Luis Merino, para quien se creó un nuevo viceminist­erio en la Cancillerí­a.

A la Corte le pareció que la presencia de ambos magistrado­s en la comisión no era determinan­te, porque la resolución final no la toma ella, sino que Corte Plena”. RODOLFO GONZÁLEZ, MAGISTRADO DE LA CSJ

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