FGR acusa a exjueza de favorecer a pandilleros
Aseguran que la funcionaria no adjuntaba documentación e intentó influir en funcionarios de centros penales para liberar a condenados.
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó ayer el dictamen de acusación en el Juzgado Séptimo de Instrucción de San Salvador en contra de la exjueza de Vigilancia Penitenciaria de Santa Tecla, Astrid de los Ángeles Flores Torres, a quien señalan por presuntamente haber favorecido a 17 miembros de una estructura del Barrio 18 para salir de la cárcel antes de haber cumplido la pena, por lo que podría ser condenada a entre tres y cinco años de prisión.
El fiscal del caso, Héctor Nahum Martínez, dijo que todos los individuos favorecidos fueron juzgados y sentenciados a diferentes penas en un caso por un tribunal de Sentencia de Santa Tecla, por los delitos de agrupaciones ilícitas, proposición y conspiración para el homicidio.
Según la fiscalía, la jueza recibió la sentencia condenatoria de ese caso y, a pesar de que tenían un recurso de casación ante la Sala de lo Penal, envió las órdenes de libertad sin remitir las modificaciones a las penas que había colocado el máximo tribunal penal. Además de no adjuntar las penas que debían cumplir ni los delitos pendientes. La FGR también señala que la exjueza intentó influir en las decisiones de los alcaides y directores de centros penitenciarios para que liberaran a los reos.
“Ella envió un mensaje de texto a un alcaide un sábado para que pusiera en libertad a los reos ese mismo día, a pesar de que se le había hecho ver que el cómputo de pena estaba erróneo... un hecho desde el que podemos afirmar que esta fue una acción dolosa, por el hecho de que la señora jueza no notifica la resolución donde ordena la libertad de los imputados a la fiscalía, tal como lo señala la Ley Penitenciaria. Al no realizar la notificación, lo que evitaba era que se impusiera algún tipo de recurso”, dijo el fiscal.
La investigación apunta a que la jueza giró 42 órdenes de libertad ilegales; sin embargo, las diligencias realizadas por los funcionarios de los diferentes centros penales del país permitieron que no se pusieran en libertad a todas las personas.
“Los alcaides y directores de