Los $2.89 para el jurado que decida sobre contaminación por plomo
Se estima que el juicio pueda durar un mes, por lo que el jurado debe estar aislado de todo tipo de comunicación.
Las cinco personas que conformaran el jurado que decidirán sobre la situación judicial de los tres exgerentes de la empresa Baterías de El Salvador, responsables de las supuestas lesiones que ocasionó la contaminación por plomo a los habitantes de varias comunidades del cantón Sitio del Niño, en San Juan Opico (departamento de La Libertad), recibirán $2.89 por toda su participación en el juicio, que se espera dure un mes aproximadamente.
Se espera que el proceso sea extenso por la abundante prueba y las múltiples víctimas en el juicio, que será dirigido por el Tribunal de Sentencia de Santa Tecla.
Una de las posibilidades es que el juez tome la decisión de enviar a los miembros del jurado a un hotel sin acceso a medios de comunicación ni aparatos conectados a internet. Esto es conocido como secuestro del jurado y no tiene reconocimiento legal.
Hace cinco años, este mismo tribunal, pero dirigiderechos do por el juez Delfino Parilla, conoció sobre un caso en el que decidió enviar al jurado por una semana a una habitación de hotel. Sin embargo, estas personas denunciaron al funcionario ante la Procuraduría para la Defensa de los Humanos, comentó una fuente judicial.
Otras de las alternativas que tendrá el juzgador es que decida enviar al jurado a sus viviendas, pero siempre respetando las restricciones de comunicación.
El Código Procesal Penal establece que cuando se trate de daño a la salud como deformidades, pérdidas de órganos y perturbación psíquica lo deberá conocer un jurado. Tal como ocurre en el proceso contra Hugo Trujillo, Arturo Marenco y Edgardo Brito; los exgerentes de la compañía que fabricaba baterías para vehículo.
La Fiscalía General de la República (FGR) asegura que tiene pruebas que confirman daño en la salud de 121 víctimas producto de la contaminación por plomo en la zona. Según el expediente judicial, las personas tienen leve retraso mental, deformación en las rodillas, artritis, entre otras enfermedades. Este delito se castiga con penas entre cuatro a ocho años de prisión. La fiscalía ha solicitado la detención contra los extrabajadores de la empresa y contra los representantes de la fábrica, identificados como Rónald Lacayo, Cecilia Escapini, Ofilio Guardian, Domingo Call y Dimas Alvarenga, los tres prófugos de la justicia. El tribunal programó para el próximo 11 de mayo la audiencia especial para seleccionar pruebas. Luego, se programará la fecha de juicio.
Sobre la selección del jurado, está pendiente que la Corte Suprema de Justicia envié una lista de candidatos basada en la nómina del Registro Electoral. Estos deberán tener entre 25 y 69 años. Además de estudios de educación media.
Quedan fuera de la selección los funcionarios públicos y empleados de Seguridad Pública; además, de aquellos que tengan una incapacidad.