El riesgo de “default” del país ha aumentado
El analista Mauricio Choussy dijo que El Salvador está lejos de haber resuelto su problema de insolvencia fiscal. Aún hay faltantes para este año.
Uno de cada cuatro países con calificación de riesgo en CCC, como El Salvador en estos momentos, llega a caer en el impago o “default”, advirtió el analista y expresidente del Banco Central de Reserva Mauricio Choussy. El experto dio una ponencia, organizada por la Asociación de Graduados del INCAE en El Salvador, en la que explicó la situación fiscal del país en estos momentos y las implicaciones del aumento en el riesgo soberano que se ha dado recientemente.
Choussy señaló, por una parte, que la baja en la calificación crediticia que han anunciado agencias como Fitch, Standard & Poor's y Moody's ubica a El Salvador en una categoría considerada altamente especulativa y con posibilidades altas de llegar a incumplir sus compromisos. “Las calificaciones de riesgo soberano también sirven para estimar probabilidades de ‘default’ o impago. Con el cambio de calificación están opinando que el riesgo se incrementó considerablemente”, indicó.
Un 27 % de los países en CCC, como El Salvador, llega al impago en el primer año. La cifra sube al 29 % para el décimo año, según datos de Fitch Ratings.
CANDADO POLÍTICO
Choussy señaló también que la calificación de riesgo del país va más allá de las fortalezas financieras de los países. Se toman en cuenta características estructurales de la economía que la hacen más o menos vulnerable a las crisis, incluyendo los riesgos que plantea el sector financiero para la estabilidad macroeconómica y finanzas públicas, así como los factores de riesgo político y de gobernabilidad. “Las calificadoras ven un ‘gridlock’, un candado político”, comentó.
El Salvador cayó en impago selectivo el pasado 7 de abril, cuando dejó de cancelar sus obligaciones con los fondos de pensión. A la fecha, los pagos vencidos suman $55 millones. La Asamblea Legislativa aprobó el pasado viernes movimientos en el presupuesto 2017 para solventar la deuda con dichos fondos.
Sin embargo, Choussy aclaró que las reformas no libran al Estado de la deuda como tal. Se dio un período de gracia de cinco años en los que el Gobierno solo deberá pagar intereses a los fondos de pensión. “Esto los deja con $60 millones que deben pagarse este año”, dijo.
Además de esto, el presupuesto de 2017 tiene faltantes, como $45 millones que se necesitarán para el subsidio a la energía eléctrica, y otros $52 millones para las pensiones del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA).
“Lo que hay es un problema de caja, en el que ya no solo debe verse la reducción del gasto, sino que se debe gastar mejor. En el país, en general, se gasta poco y se gasta más”, apuntó.
Al igual que organismos como el Banco Mundial, Choussy afirma que lo que se necesita en este momento es un acuerdo político para resolver la crisis.