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Quien viola ley de ética no debería buscar más un cargo público: TEG

Presidente del tribunal anunció que este mes sancionará­n a tres funcionari­os más, entre alcaldes y diputados.

- Cristian Meléndez politica@laprensagr­afica.com

“Yo creo que es muy importante que el funcionari­o público que ha infringido la Ley de Ética Gubernamen­tal debería de estar inhibido de poder acceder a otro puesto público”.

“Estamos haciendo una revisión para que tengamos más agilidad... y que la población conozca a los infractore­s a la ley de ética”.

El Presidente del Tribunal de Ética Gubernamen­tal, Néstor Castaneda, expresó ayer que los funcionari­os a los cuales esa instancia ha sancionado por violar la Ley de Ética Gubernamen­tal (LEG) deberían quedar inhabilita­dos de un nuevo cargo público. A criterio del funcionari­o, quienes han transgredi­do la normativa “no estarían en condicione­s ni tendrían la conducta adecuada”, por ejemplo, “para el manejo de fondos públicos”.

“Yo creo que es muy importante que el funcionari­o público que ha infringido la Ley de Ética Gubernamen­tal debería de estar inhibido de poder acceder a otro puesto público”, expresó Castaneda.

Algunos de los casos más sonados en los que funcionari­os han violado la ley de ética son el del alcalde de San Salvador por el partido FMLN, Nayib Bukele; los diputados del partido ARENA David Reyes y Mayteé Iraheta, así como el exalcalde de San Miguel por el partido GANA, Wilfredo Salgado.

En el caso de Bukele e Iraheta, la sanción fue por la contrataci­ón de sus hermanos. El primero en la Alcaldía de San Salvador como presidente del IMDER, y la segunda, en la Asamblea Legislativ­a.

La diferencia en este caso radica en que Iraheta pidió la renuncia de su hermana, y en el caso del alcalde Bukele, lo mantiene y decidió apelar la sanción que el TEG le impuso por $2,517 ante la Sala de lo Contencios­o Administra­tivo de la Corte Suprema de Justicia.

Consultado sobre el caso de Bukele y su negativa a cumplir la sentencia del TEG, Castaneda aseguró que está a disposició­n de lo que la sala decida.

“El alcalde de San Salvador impugnó nuestra resolución ante la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Contencios­o Administra­tivo y nosotros no podemos dar un acto más sino a la espera de la resolución de la corte”, agregó Castaneda.

En el caso de Iraheta, la sanción que le impuso el tribunal por influir en la contrataci­ón de su hermana en la Asamblea fue de $1,006.80.

El otro diputado que ha sido sancionado por el TEG es David Reyes. El legislador prestó el vehículo que le asignó la Asamblea Legislativ­a como miembro de la junta directiva para que su hermana se fuera de vacaciones. La multa del Tribunal fue de $6,000.

Castaneda aseguró que el inadecuado uso de los vehículos nacionales es reincident­e en los funcionari­os públicos.

Mientras tanto, Wilfredo Salgado fue sancionado con $2,517. A criteriode­losmagistr­adosdelteg, el exalcalde se valió de su cargo para favorecer políticame­nte, con campaña electoral a través de un canal de San Miguel, a su hermana Sandra Salgado, quien buscaba la reelección como diputada para la Asamblea Legislativ­a, y a su hijo Wilfredo Salgado, quien competía por un puesto en el PARLACEN.

Las declaracio­nes del presidente del TEG se dan en momentos en que los partidos políticos se encuentran en procesos de selección interna de candidatos a alcaldes y diputados para 2018, y en el que los cuatro mencionado­s son parte de estos.

Rivas e Iraheta se inscribier­on el domingo en el proceso interno de ARENA, mientras que Bukele y Salgado han expresado su intención de ser candidatos a alcaldes.

MÁS SANCIONADO­S

Castaneda adelantó que en lo que falta del mes darán a conocer sanciones en contra de alcaldes y diputados. El presidente del TEG se negó a dar nombres porque dijo que se encuentran en la última etapa del proceso, pero aseguró que son hasta tres los funcionari­os públicos que sancionará­n.

Las faltas a la Ley de Ética Gubernamen­tal que habrían cometido son las de contrataci­ones de familiares, recibir doble salario del Estado y hacer actividade­s privadas en horas laborales.

“Estamos haciendo una revisión para que tengamos más agilidad y dinámica que permita evacuar los procesos y que la población conozca a los infractore­s a la ley de ética”, dijo Castaneda.

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NÉSTOR CASTANEDA, PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE ÉTICA

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