En un ejercicio democrático auténtico se respetan las atribuciones y las decisiones legalmente respaldadas de cada uno de los entes institucionales

La democracia bien asumida y bien practicada se basa en la responsabilidad y en el respeto. Cada institución tiene sus propios campos de acción y sus correspondientes formas de procedimiento, todo ello enmarcado dentro de los límites que establecen las leyes generales y específicas. La ley vigente es la que establece los parámetros y las líneas maestras de todo el comportamiento nacional, tanto público como privado; y la buena marcha del aparato en su conjunto depende en gran medida de que nadie se salga de aquello que le compete y de que todos se respeten entre sí para la sana articulación de los desenvolvimientos respectivos. Esto es lo natural dentro de un sistema de libertades bien administrado, como puede constatarse muy claramente en aquellas sociedades que se manejan en forma sensata y progresiva.

Es patente que en nuestro país las cosas son, al respecto, muy distintas a lo que deberían ser, porque si algo está constantemente ausente en el trato institucional es el respeto básico; y por el contrario lo que abunda es el ataque ponzoñoso y la descalificación ofensiva. Y esto se intensifica en la medida que algunas instituciones y funcionarios que toman verdaderamente en serio su función hacen valer sus decisiones por encima de los ataques que son previsibles. Esto viene ocurriendo desde hace ya bastantes años contra las decisiones de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que pueden ser polémicas pero que son inapelables; y también contra el accionar más reciente del nuevo Fiscal General de la República, que ha tomado su tarea con seriedad sin precedentes.

Sobre todo desde las más altas instancias ejecutivas del Gobierno y desde el sector político que está detrás los rechazos no se disimulan, y lo más grave es que se está utilizando a sectores sociales organizados para dar agresiva expresión ca-

llejera a sus reclamos, que desde luego responden al interés del poder de turno. En los días más recientes, la medida cautelar ordenada por la Sala de lo Constitucional ha despertado crispaciones gubernamentales que agreden no sólo a los destinatarios directos del ataque sino sobre todo al orden institucional establecido. Esto provoca desconfianzas sobre la estabilidad de las instituciones y del sistema, como se viene haciendo notar por entidades internacionales que van siguiendo la dinámica salvadoreña para valorar condiciones y apoyos. Este es un momento nacional e internacional en el que es clave ganar confianza para poder desplegar iniciativas de desarrollo que nos impulsen hacia adelante en la forma y al ritmo que los tiempos demandan. La guerra institucional es el peor escenario para enfrentar desafíos y dinamizar oportunidades, y lo más grave es que no parece tener repercusiones reordenadoras el mensaje que nos está enviando la situación imperante desde sus diversos escenarios. Las más diversas voces lo están advirtiendo de manera constante y elocuente, y no atenderlas es la expresión más clara de la sordera crónica que sigue caracterizando a muchos de los actores que se mueven en el escenario nacional.

Ya es tiempo de que nadie se resista a reconocer que sólo el comportamiento racional ofrece salidas a la compleja problemática que nos agobia; y en la medida que haya respuestas apropiadas en esa línea se abrirán opciones para hacer que el país avance de veras.

SOBRE TODO DESDE LAS MÁS ALTAS INSTANCIAS EJECUTIVAS DEL GOBIERNO Y DESDE EL SECTOR POLÍTICO QUE

ESTÁ DETRÁS LOS

RECHAZOS NO SE DISIMULAN, Y LO MÁS GRAVE ES QUE SE ESTÁ UTILIZANDO A SECTORES SOCIALES ORGANIZADOS

PARA DAR AGRESIVA

EXPRESIÓN CALLEJERA A SUS RECLAMOS, QUE DESDE LUEGO RESPONDEN AL INTERÉS DEL PODER DE TURNO.