Es de la máxima importancia para el proceso nacional que las elecciones próximas sean seguras y confiables

Araíz del hecho de que no se le ha adjudicado al Tribunal Supremo Electoral el monto presupuestario solicitado para las elecciones legislativas y municipales de marzo del año que viene, teniendo en cuenta que la diferencia entre lo que se pidió y lo que se aprobó es significativa, las inquietudes y las dudas sobre la efectividad y la confiabilidad del evento vienen proliferando en el ambiente. Los comicios de 2015 mostraron inconsistencias que ahora era el momento de superar, pero lo que ha prevalecido es la tendencia al recorte en aquello que no se vincula con los intereses políticos directos del poder de turno, aunque se trate de tareas institucionales que merecen la máxima atención por su incidencia en la buena marcha del país.

En lo que toca al desempeño de los mecanismos y de los organismos electorales antes de los comicios, durante la fecha de los mismos y en lo que venga inmediatamente después es clave que se aseguren tanto la transparencia como la eficiencia, alejando toda sombra de sospecha sobre los resultados que en definitiva se concreten. Y como ya por tradición en todos los procesos electorales recientes, tales resultados vienen siendo muy estrechos entre las fuerzas partidarias principales, es determinante que se les cierre el paso a todas las formas de alteración de los números resultantes, para que la ciudadanía pueda considerar sin reservas que su voluntad ha sido estrictamente respetada.

Y ya que se ha dado la diferencia financiera antes mencionada entre el Tribunal Supremo Electoral y el Gobierno, aún es tiempo de llegar a entendimientos correctivos que garanticen esas elecciones limpias y actualizadas que todos esperamos. Cada voto, independientemente de qué contendiente lo reciba, debe merecer el máximo respeto, porque es la voluntad popular la que está en juego como dinamizadora del sano ejercicio democrático.

Todos los salvadoreños debemos estar constantemente atentos a lo que pasa en el día a día de este proceso, ya que cualquier volatilidad del mismo va a repercutir no sólo en las percepciones correspondientes sino, sobre todo, en las relaciones futuras entre quienes han competido. Desde la sociedad civil se continúan alzando voces que reclaman responsabilidad plena y certidumbre inequívoca. No hay que jugar con fuego en algo tan delicado y tan significativo como es la competencia electoral en su fase definitoria.

Cualquier inversión que contribuya a fortalecer las estructuras y los dinamismos electorales debería ser bienvenida por lo que eso representa para la consolidación de la confianza en las instituciones más vinculadas al buen accionar de la democracia en el terreno. Y consumar la resta de recursos que se ha hecho representa una señal peligrosa que como tal no tiene justificación sostenible, porque los efectos adversos que podrían derivarse de ello encierran peligros potenciales en un campo donde nadie debería atreverse a mover irresponsablemente ninguna de las piezas en acción.

Por nuestra parte, insistimos en demandar responsabilidad absoluta a todos los actores en juego, comenzando por los actores institucionales.

LOS COMICIOS DE 2015 MOSTRARON INCONSISTENCIAS QUE AHORA ERA EL MOMENTO DE SUPERAR, PERO LO QUE HA PREVALECIDO ES LA TENDENCIA AL RECORTE EN AQUELLO QUE NO SE VINCULA CON LOS INTERESES POLÍTICOS DIRECTOS DEL PODER DE TURNO, AUNQUE SE TRATE DE TAREAS INSTITUCIONALES QUE MERECEN LA MÁXIMA ATENCIÓN POR SU INCIDENCIA EN LA BUENA MARCHA DEL PAÍS.