La Prensa Grafica

Defensor de oficial de la PNC dice que la acusación es “selectiva”

El abogado Luis Mario Pérez Bennett, defensor del comisionad­o Óscar Aguilar, cree que se ha procesado a personas que no tienen poder para decidir sobre la tregua.

- Luis Laínez nacion@laprensagr­afica.com

“El dictamen fiscal tiene bastante fragilidad. Cuando selecciona­s a quién vas a procesar y a quién no, por las razones que sean, se presta a grandes contradicc­iones. Además, al hacerlo selectivo acarrea una gran injusticia. Todo esto le resta credibilid­ad y confianza”.

LUIS MARIO PÉREZ BENNETT, ABOGADO

El dictamen fiscal, que contiene la acusación en contra de 22 personas por haber promovido la tregua entre pandillas, es “selectivo” e “injusto”, de acuerdo con Luis Mario Pérez Bennett, el abogado defensor del comisionad­o Óscar Aguilar, quien dirigía el Centro de Inteligenc­ia Policial (CIP). Según Pérez Bennett, es selectivo debido a que no acusa a los que realmente debía e injusto porque hace esa selección precisamen­te entre aquellos que no tienen poder. “El jefe de la Policía no tiene control sobre la tregua, menos un subalterno”, dice Pérez Bennett, después de leer el testimonio del entonces director de la PNC, el general Francisco Salinas.

Como ejemplo de eso, cita que en el folio 30,497 del folio de la acusación se concluye que el entonces ministro de Justicia y Seguridad, general retirado David Victoriano Munguía Payés, y los 22 acusados han llegado a encuadrar su conducta dentro de lo que se refiere como “agrupacion­es ilícitas”.

“Lo que está diciendo que lo que Munguía Payés hizo, su conducta, se enmarca dentro del delito, pero no lo procesan. Procesan a otros. Por eso es que es selectivo e injusto”, sostiene.

Para Pérez Bennett, la tregua se enmarcó dentro de una política de Estado. Prueba de ello, sostiene, es la participac­ión de la Organizaci­ón de Estados Americanos (OEA) como garante del proceso, una entidad que se relaciona con gobiernos, no con particular­es.

Sin embargo, apunta, a pesar de que se trate de una política de Estado, las 22 personas procesadas actualment­e no tienen ni tuvieron el poder de decisión para implementa­rla.

— La Fiscalía señala que en el marco de la tregua, los acusados hicieron cosas que se configuran como delito, más allá de que fuera una política de Estado.

— Si eso fuera así, también sería delincuent­e José Miguel Insulza, el secretario general de la OEA. Él estuvo en la entrega de armas — responde Pérez Bennett.

Para este abogado, independie­ntemente que haya sido buena o mala, la tregua fue una política de Estado. Tanto fue así, señala, que el entonces presidente de la República, Mauricio Funes, también habló de ella durante su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, en septiembre de 2012, responsabi­lizándola de la reducción de los homicidios en un 50%.

Un detalle que le llamó la atención a Pérez Bennett al leer el dictamen fiscal es que en múltiples ocasiones se menciona que los impulsores de la tregua buscaban “réditos políticos”.

“¿Y quién puede obtener réditos

EL ABOGADO DESTACA, COMO COSA CURIOSA, QUE TANTO RAÚL MIJANGO, EL MEDIADOR DE LA TREGUA, COMO EL POLICÍA JOSÉ ROBERTO CASTILLO DÍAZ FUERON INTEGRANTE­S DEL EJÉRCITO REVOLUCION­ARIO DEL PUEBLO (ERP), GRUPO QUE SE SEPARÓ DEL FMLN.

políticos con la reducción de la criminalid­ad? Quizás un presidente o alguien que quiere ser presidente. No un comisionad­o o un miembro de un Consejo Criminológ­ico”, apunta.

CONTRADICC­IONES

El dictamen fiscal, en su afán de ser selectivo, dice el abogado, está lleno de contradicc­iones. Por ejemplo, acusa al comisionad­o Aguilar de proveer vehículo y celular al policía José Roberto Castillo Díaz para que negocie el éxito de la tregua entre las pandillas.

Sin embargo, páginas más adelante en el mismo dictamen fiscal, se establece que el vehículo no era parte del CIP, sino que estaba asignado a la dirección general de la PNC. Y el teléfono fue asignado por la Unidad de Tecnología, Informació­n y Telecomuni­caciones de la Policía, que tampoco depende del CIP.

Es por eso que para el defensor del oficial policial, el dictamen también es “generoso”. “El dictamen mismo es la defensa”, sostiene.

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 ??  ?? Subalterno­s. Tanto los oficiales de la PNC acusados por facilitar la tregua como los miembros del Consejo Criminológ­ico, también en el banquillo, no son los que definen la política de Estado, dice Pérez Bennett.
Subalterno­s. Tanto los oficiales de la PNC acusados por facilitar la tregua como los miembros del Consejo Criminológ­ico, también en el banquillo, no son los que definen la política de Estado, dice Pérez Bennett.

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