POR MAL USO DE FONDOS DE LAS TIENDAS EN CÁRCELES
El Gobierno se pronunció diciendo que Rodil Hernández ha hecho un “excelente trabajo” al frente de Penales y que confía en que se comprobará su inocencia.
El uso inadecuado de los fondos y ganancias que dejaron las tiendas ubicadas en los centros penales es la razón por la cual el director general de Centros Penales, Rodil Hernández Somoza, fue capturado ayer a las 11 de la mañana, según explicó, escuetamente, la Fiscalía General de la República (FGR).
La orden de captura que giró el ministerio público, y que hizo efectiva la Policía Nacional Civil (PNC), es por el delito de actos arbitrarios en perjuicio de la administración pública. La Policía agregó, a través de un breve comunicado, que Hernández fue trasladado hacia una sede policial, donde permanecerá mientras es llevado a los tribunales para la presentación de cargos en su contra.
La FGR informó que la captura es por el mal uso de fondos en dos períodos. La investigación en contra de Hernández, otros funcionarios y mandos medios de la Dirección General de Centros Penales (DGCP) inició en mayo del año pasado, con un allanamiento en las oficinas administrativas de esa dependencia del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Un mes después, el fiscal general, Douglas Meléndez, dijo que uno de los primeros avances de la investigación fue detectar el movimiento irregular de $11 millones, que provenían de los fondos y ganancias de las tiendas penitenciarias. Ese dinero correspondía al periodo comprendido entre marzo 2015 y mayo de 2016.
Ese flujo de dinero que constaba en los libros contables le
parecía “raro” en ese momento a la FGR.
Todos esos fondos supuestamente provienen de las compras que realizan los más de 38,000 reos que están recluidos en los 19 centros penales y tres granjas penitenciarias.
De acuerdo con reglamentos penitenciarios, cada reo tiene derecho a recibir y gastar $150 mensuales. Si un reo gasta menos de esa cantidad en el mes, sus familiares solamente pueden depositar la cantidad que hace falta para que vuelva a tener $150 en el mes. Según ese reglamento, lo máximo que un reo puede recibir en un año es $1,800.
El reglamento también establece que ningún reo debe recibir dinero en efectivo, sino que los familiares deben depositarlo en las cuentas individuales que los reos tienen. Es de esa cuenta que las tiendas institucionales cobran todo lo que los reos consumen.
En esas tiendas, según explicó a este periódico el mismo director Hernández, se vende toda clase de productos comestibles y de higiene personal. Los precios son similares a los del mercado.
El uso de los fondos, según explicó en su momento el director Hernández, era para pagar a proveedores de las tiendas y las ganancias para financiar programas de beneficios para reos.
Entre 2012 y 2014, es decir el periodo en que cabecillas de pandillas recluidos recibieron beneficios por la tregua, de acuerdo con lo que ha ventilado el fiscal general, las tiendas institucionales se endeudaron por un poco más de $2 millones que debían a los proveedores. Para salir de esa deuda, el Ministerio de Seguridad tuvo que asumir la deuda y pagarla con fondos de su presupuesto. La razón por la que las tiendas institucionales se endeudaron, a pesar del flujo de dinero, es una de las investigaciones de la FGR.
Tras la captura de Hernández, el Gobierno se pronunció a favor de su funcionario: “Nuestro respaldo al señor director y a su gestión por el excelente trabajo, ética y compromiso demostrado con la seguridad de las familias salvadoreñas. Damos fe de su buen desempeño en el cumplimiento de las políticas de seguridad pública de este Gobierno, en especial del proceso de modernización del sistema de centros penales”, se lee en un comunicado.
La Corporación de Abogados Penalistas de El Salvador (CAP) también se pronunció sobre la captura e hizo referencia a las medidas que adoptó para el ingreso de litigantes a las cárceles. “Fue este funcionario el que endureció y fomentó las medidas extraordinarias (...) por lo que esperamos que sea sometido a un juicio donde no se le apliquen las medidas extraordinarias”, se lee en su pronunciamiento.
Hernández fue el subdirector de Penales cuando la institución era presidida por Nelson Rauda, ahora procesado por permitir irregularidades durante la tregua.