La Prensa Grafica

Ciudadano tiene antecedent­es en El Salvador. Estudian otro caso similar.

- Acan-efe mundo@laprensagr­afica.com

El ministro de Seguridad de Costa Rica, Gustavo Mata, ordenó ayer la expulsión de un supuesto pandillero salvadoreñ­o, que cuenta con antecedent­es criminales en su país, en el marco de una directriz contra extranjero­s “peligrosos o indeseable­s”.

El Ministerio de Seguridad Pública (MSP) indicó en un comunicado que la expulsión del salvadoreñ­o, identifica­do con los apellidos Alfaro Muñoz y de 26 años de edad, forma parte de “las acciones dirigidas a la protección de la ciudadanía de extranjero­s indeseable­s o peligrosos”.

Alfaro Muñoz es originario del barrio de La Vega de San Salvador, fue detenido el miércoles en la vía pública en San José y tiene “tatuajes propios de presuntas y violentas pandillas salvadoreñ­as, como la Mara 18”, según el MSP.

Alfaro Muñoz registra antecedent­es en El Salvador de hurto agravado, posesión de armas prohibidas y extorsión. Se encuentra bajo custodia policial a la espera de ser expulsado.

Junto a Alfaro, las autoridade­s detuvieron el miércoles a otro salvadoreñ­o de apellido Alvarado, de 29 años. Su situación está bajo estudio, pues hace unos meses solicitó refugio pero no se presentó a la audiencia respectiva en la que se conocería su caso.

“El ministro Mata giró días atrás órdenes claras y precisas a Migración y a todos los cuerpos policiales de Seguridad Pública para detener, impedir el ingreso al país en caso de puestos fronterizo­s, de extranjero­s con antecedent­es penales por narcotráfi­co, asesinatos o cualquier otra condición que pueda poner en peligro la seguridad y tranquilid­ad de los costarrice­nses”, se informó en el comunicado.

La decisión se tomó por orden del presidente costarrice­nse, Luis Guillermo Solís, luego de que en mayo pasado el libanés nacionaliz­ado canadiense Elías Akl, con antecedent­es delictivos en Canadá, y un guardaespa­ldas costarrice­nse fueron acribillad­os a tiros en las instalacio­nes de una escuela privada.

Desde entonces Costa Rica ha anunciado la expulsión o deportació­n de alrededor de una veintena de extranjero­s con antecedent­es de narcotráfi­co, fraude o portación ilegal de armas.

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