Sigue mal la elección de Cortede cuentas
En los próximos días seremos testigos de un nuevo proceso de selección de funcionarios. Otra vez, estamos en medio de la elección de las nuevas cabezas de la Corte de Cuentas; una institución que nos debe mucho. Y nuevamente nos enfrentaremos a la desidia de los diputados a realizar un proceso de selección que resulte creíble y objetivo para la sociedad.
Se han presentado a la Asamblea Legislativa alrededor de cuarenta personas mostrando interés en ser nombrados como magistrados de la Corte de Cuentas de la República. Ya dijimos que el proceso inició mal cuando en el primero de los filtros –la convocatoria– se invitó prácticamente a cualquiera.
Ahora sigue mal en otro de los filtros: la entrevista de los candidatos con los diputados miembros de la subcomisión encargada del proceso de elección es demasiado básica, abstracta y fácilmente manipulable.
En primer lugar, las preguntas no presentan ningún reto o dificultad a ser superada por los candidatos. Con relación a la primera pregunta, en la que se pide que se señalen las funciones fundamentales que debe ejercer un magistrado de la Corte de Cuentas, la respuesta no puede ser otra más que lo establecido en el artículo 195 de la Constitución, es decir, la fiscalización de la Hacienda Pública y la ejecución del presupuesto; se trata de un mandato constitucional claro e incuestionable.
En relación con la segunda pregunta, el estado actual de la Corte de Cuentas, es casi un hecho público y notorio que el rol de esta institución ha sido lamentable durante los últimos veinticinco años y que es necesario levantar cabeza; así, no hay mucho margen de discusión sobre estas dos preguntas, ni posibilidad de que se constituyan en un filtro ni siquiera aparente.
Las últimas dos preguntas (por qué se considera capacitado para desempeñar el cargo y sus planes de trabajo en caso de resultar electo) son cuestiones subjetivas que poco ayudan a verificar si una persona tiene la competencia y el mérito para desempeñar el cargo de magistrado; muchos candidatos a funcionario han llegado a la Asamblea manifestando su intención de entregar el cielo y las estrellas, pero nos han fallado una y otra vez.
La fase de entrevistas es –por ahora– el único paso del que la sociedad tiene conocimiento sobre este proceso de selección. Y las impresiones que tenemos hasta el momento no son nada alentadoras, teniendo en cuenta la poca calidad de preguntas y rematando en que han sido de conocimiento público dos semanas antes de la entrevista. Cualquier candidato puede preparar el mejor de los discursos y eso no garantiza que trabajará de la misma manera.
Esperamos que la Asamblea y la comisión encargada del proceso de elección reformule el formato de entrevista y vayan más allá de un simple par de preguntas para que el asunto tenga forma de proceso. También esperamos que analicen las hojas de vida de una forma objetiva y ponderada, utilizando un método que permita diferenciar los logros y experiencias (profesional, académica y laboral) entre los distintos candidatos.
A los diputados de la Asamblea Legislativa les volvemos a exhortar que modifiquen el Reglamento Interior en relación con estos procesos de elección, y les recordamos que, como lo ha manifestado la Sala de lo Constitucional, el deber de documentar y justificar la “honradez y competencia notorias” no puede reducirse a la descripción del proceso de selección. La mera descripción carece de utilidad práctica, ya que el fin verdadero de un proceso de selección es demostrar que el elegido como funcionario es el más calificado de todos los participantes. Háganlo esta vez, o nos obligarán a tener que acudir de nuevo a pedir la inconstitucionalidad de la decisión.