NUEVA ACUSACIÓN CONTRA MILITAR POR TRÁFICO DE ARMAS
La FGR busca probar que un militar retirado se asoció con un exjefe del Registro de Armas del Ministerio de la Defensa para falsificar matrículas de armas de fuego ilegales, entre ellas fusiles, y luego venderlas como legales.
El militar retirado Miguel Ángel Pocasangre Escobar deberá presentarse otra vez ante el juez del Tribunal Cuarto de Instrucción para enfrentar una nueva acusación por el delito de tráfico de armas, del que fue absuelto en abril de 2016. La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó a LA PRENSA GRÁFICA que este martes presentó nuevas pruebas en el caso. Las recientes diligencias de los fiscales de la Unidad de Crimen Organizado, que se negaron a dar detalles de las pesquisas, responden a la resolución de la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador que, en junio del año pasado, decidió cambiar el estatus de la exoneración definitiva de cargos, dictada en abril de ese año por el Tribunal Cuarto de Instrucción, por un sobreseimiento de carácter provisional.
El juzgado consideró en ese entonces que las pruebas con las que la FGR vinculó al militar con supuestas ventas fraudulentas de armas, muchas consideradas armas de guerra, alcanzaban solo para una falta administrativa y no penal.
Una fuente interna del Tribunal Cuarto de Instrucción le confirmó a LA PRENSA GRÁFICA que las nuevas pruebas presentadas por la FGR en el caso comprenden “varias cajas”, pero aún no hay fecha para la audiencia preliminar.
El caso inició en octubre de 2015 cuando la FGR acusó a Pocasangre Escobar de vender 17 armas de forma fraudulenta entre 2005 y 2011 con la ayuda del entonces jefe de la Oficina del Registro y Control de Armas de Fuego del Ministerio de la Defensa, Carlos Zavaleta Morán, y la colaboración de un subalterno: Ángel Elvis Peraza Cornejo, jefe del Registro de Armas. Pese a ese supuesto nexo, los fiscales no actuaron contra estos dos militares bajo el argumento de que ya había caducado el tiempo para procesarlos.
La FGR acusa a Pocasangre Escobar de asociarse con Zavaleta Morán para alterar los números de serie
y falsificar las matrículas de armas que estaban en poder del Registro, en calidad de decomiso o listas para ser destruidas, y luego comercializarlas como si estuvieran en regla en la armería Rivera Hoover, propiedad del mayor en calidad de retiro.
La FGR también cuenta con información de que, con el aval del teniente coronel Zavaleta Morán, el mayor Pocasangre Escobar falsificaba carnés de matrículas antiguas de armas para dar la apariencia que estaban registradas desde tiempo atrás a su nombre, al de su esposa o al de empleados. Tras la obtención de la nueva matrícula, que lo situaba como supuesto dueño legítimo, podía venderlas sin problema.
La información que tiene la FGR es que muchas de esas armas fueron vendidas a personas que después resultaron vinculadas al crimen organizado. Entre los clientes del mayor destacan Daniel Quezada Fernández, condenado por narcotráfico y lavado de dinero; Orlando Castro, procesado junto al exdiputado suplente Wilver Rivera por el delito de lavado de dinero y activos; y Douglas Cisneros Rodríguez, hermano de José Misael Cisneros Rodríguez, alias “Medio Millón”, señalado en 2013 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como cabecilla de una organización terrorista, por su supuesto nexo con la Mara Salvatrucha.
FGR: ASÍ FALSIFICABAN LAS MATRÍCULAS
Un testigo criteriado (con beneficios judiciales a cambio de su declaración) con la clave “William” le contó a los fiscales que Pocasangre Escobar se reunía habitualmente en una oficina de colonia Las Mercedes de San Salvador, donde funcionó la armería Rivera Hoover entre 2003 y 2006, para pactar la falsificación de las matrículas de armas, sobre todo fusiles, y poder comercializarlas legalmente.
“William” dijo en su testimonio que Pocasangre Escobar le pagaba a Zavaleta Morán “un aproximado de $500 por arma”. Además, había ocasiones en las que también tramitaban licencias para portar armas de fuego, a un precio que oscilaba entre $100 a $150.
La acusación fiscal da cuenta que Zavaleta Morán entregaba carnés en blanco, pero con un sello del Ministerio de la Defensa, para que fueran llenados a máquina de escribir por Pocasangre Escobar con datos de cualquier persona que apareciera en el Registro de Defensa. En varios casos, afirma el testigo, ubicaban los nombres del mayor en calidad de retiro, de su esposa o de algún empleado. La idea, dijo, era lavar la primera matrícula del arma y realizar el traspaso al nuevo dueño, quien podría pagar entre $3,000 a $5,000 por cada matrícula que convertía en legal el arma de fuego.
La FGR, en su primera acusación, no logró determinar la cantidad de matrículas que fueron lavadas en el periodo investigado. Tampoco pudo establecer cuántas armas fueron las extraídas del Registro con el aval de los militares encargados de resguardar las armas Zavaleta Morán y Peraza Cornejo.
La FGR tampoco indagó otro nombre revelado por “William” y que también fue clave en la forma de lavar las matrículas de las armas de fuego, cuya procedencia era ilegal: Mario Inocente Dimas, según el testigo, era el armero que le ayudaba a alterar los números de serie de las armas para venderlas como legítimas.