En Perulapán se judicializa solamente el 6.6 % de todos los homicidios
En los últimos tres años, las autoridades han resuelto nueve casos.
San Pedro Perulapán, en Cuscatlán, se mantuvo en los últimos tres años como el municipio más violento del país, según cifras del Instituto de Medicina Legal (IML). En ese período solamente se judicializaron 21 casos de homicidios, de los 324 que ocurrieron entre 2014 y 2016 (vea infográfico). Esos casos representan el 6.6 % de todos los cometidos. De los casos judicializados, solo nueve concluyeron en condenas, de acuerdo con datos de la Fiscalía General de la República (FGR).
Investigadores policiales de la zona aseguraron a LA PRENSA GRÁFICA que las investigaciones son difíciles porque los habitantes prefieren “ver, oír y callar”, antes que colaborar con la Policía Nacional Civil (PNC).
“Nosotros vamos con fiscales a investigar y les ofrecemos a las personas régimen de protección a testigos, porque sabemos que ellos conocen a los pandilleros y los ven cuando cometen ilícitos. Pero se niegan a colaborar. Talvez con mucha razón, ya que hemos tenido casos en que testigos han sido asesinados”, dijo un investigador.
No fue posible hablar con los fiscales de la Unidad de Vida de la oficina fiscal de Cuscatlán, para preguntarles por qué llegan tan pocos casos a tribunales, porque saben que su agenda estaba saturada. Esos mismos fiscales tienen que ir a audiencias, realizar diligencias en los casos abiertos y hacer levantamiento de cadáveres en todos los municipios del departamento de Cuscatlán.
El fiscal general, Douglas Meléndez, ha dicho que es necesario aumentar el presupuesto para los fiscales del interior del país por la carga laboral que enfrentan. En algunas oficinas, incluso, se quedan sin gasolina para los vehículos que trasladan al personal de la FGR.
CONDENA
Una de las nueve condenas que la Fiscalía ha logrado es la de una masacre ocurrida en el interior de un bus de la ruta 144, en el cantón El Rodeo. Por ese caso, cuatro pandilleros fueron condenados a más de 25 años de prisión. La condena, según la resolución del Juzgado Especializado de Instrucción A, se logró por el testimonio de dos pandilleros que pidieron criterio de oportunidad para delatar a sus compañeros.
Según el relato de los testigos criteriados, el 4 de agosto de 2015, los cuatro pandilleros recibieron la orden de cometer una masacre en un bus de la ruta 144. La orden provenía desde el penal de Izalco, donde un cabecilla quería vengar la muerte de amigos pandilleros a quienes un motorista de esa ruta asesinó durante un asalto. Un día después, los pandilleros se subieron al bus, asesinaron al motorista, su cobrador, a un militar y otro pasajero.
“Les ofrecemos régimen de protección a testigos, pero se niegan a colaborar”. INVESTIGADOR DE LA POLICÍA NACIONAL CIVIL (PNC)