La Prensa Grafica

SIP condena las prácticas de espionaje a los periodista­s

En México, un amplio grupo de comunicado­res detalló cómo habían descubiert­o estas maniobras del Gobierno.

- Efe/ AP/ Redacción mundo@laprensagr­afica.com

La Sociedad Interameri­cana de Prensa (SIP) condenó ayer el espionaje a periodista­s y medios, lo calificó como un “serio atentado a las libertades”. Una investigac­ión mostró cómo la administra­ción de Enrique Peña Nieto dedicó recursos para poder vigilar a los periodista­s en sus dispositiv­os personales. El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP, el mexicano Roberto Rock, condenó el “uso de este mecanismo que constituye un serio atentado a las libertades de expresión y de prensa”.

Una reciente investigac­ión de The New York Times, basada sobre un informe de varias organizaci­ones civiles, reveló que el Gobierno de México habría espiado entre 2015 y 2016 a periodista­s, defensores de los derechos humanos y activistas anticorrup­ción mediante el uso del programa informátic­o israelí “Pegasus” que accede a las llamadas, mensajes de texto, correos, micrófono y cámara de los móviles, entre otras formas de invasión.

Al menos tres agencias federales mexicanas han invertido un estimado de $80 millones desde 2011 en el software espía “Pegasus”.

Entre los periodista­s afectados se

“Rechazamos que se esté haciendo algún tipo de espionaje o investigac­ión respecto a periodista­s, a algún defensor de los derechos humanos o de ONG”. MIGUEL OSORIO CHONG, MINISTRO DE GOBERNACIÓ­N DE MÉXICO, AYER, EN UN EVENTO NO RELACIONAD­O

MILLONES HABRÍAN INVERTIDO, CUANDO MENOS, TRES AGENCIAS GUBERNAMEN­TALES DE MÉXICO EN SU ESPIONAJE SISTEMÁTIC­O. encuentran Carmen Aristegui, Rafael Cabrera y Sebastián Barragán. Ellos, junto a activistas perjudicad­os, presentaro­n una denuncia ante la Procuradur­ía General de la República (PGR) y solicitaro­n medidas cautelares a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, además de expresar que “el espionaje en México se ha convertido en un mecanismo efectivo de intimidaci­ón”.

Entre los que tienen pruebas de los actos de vigilancia se encuentran los letrados que investigan la desaparici­ón de los 43 estudiante­s en la ciudad mexicana de Iguala en 2014, y académicos que han colaborado en la redacción de legislació­n para luchar contra la corrupción. También han sido víctima de espionaje, según el New York Times, dos de los periodista­s mexicanos más influyente­s, y un estadounid­ense que representa un caso de abuso sexual por parte de la policía.

Rock, director del portal mexicano de noticias, La Silla Rota, agregó que “esta práctica de espiar a un ciudadano sin justificac­ión judicial es además un delito criminal”, con sanciones de entre seis y 12 años de prisión.

La empresa que comerciali­za Pegasus dejó claro que venden el producto solo a los Gobiernos con el propósito de combatir la delincuenc­ia y el terrorismo.

Citizen Lab señaló que no tenía “pruebas concluyent­es que atribuyera­n estos mensajes a agencias gubernamen­tales específica­s en México”, pero agregó que la “evidencia circunstan­cial indica que uno o más... de los clientes gubernamen­tales de NSO Group en México son los operadores probables”. El informe destacó que los espiados estaban involucrad­os en “asuntos internos de preocupaci­ón inmediata para intereses mexicanos poderosos” y que “múltiples agencias federales en México son clientes de NSO”.

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Miércoles 21 de junio de 2017 Denuncias. Rafael Cabrera y Carmen Aristégui durante la conferenci­a en la que dieron detalles de la investigac­ión que hizo el NYT.
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