PNC dará seguimiento obligatorio a retornados con antecedentes
Medida toma como referencia los antecedentes de la población retornada, en especial a las pandillas.
El Ministerio de Relaciones Exteriores, la Dirección General de Extranjería (DGM), Policía Nacional Civil (PNC) y la Fiscalía General de la República (FGR) trabajarán en conjunto para darle seguimiento a los salvadoreños que vienen deportados de Estados Unidos y que tienen antecedentes penales de delitos que representen alto riesgo para la sociedad. Estos delitos pueden ser la pertenencia a grupos criminales, asesinatos, entre otros.
Ayer, en la comisión de seguridad de la Asamblea Legislativa, un equipo técnico conformado por la FGR y la Presidencia de la República presentaron el anteproyecto de ley de disposiciones especiales para el control y seguimiento de la población retornada salvadoreña calificada como integrante de pandillas o agrupaciones ilícitas.
Uno de los componentes prin-
“Dejamos explícito que la medida no es para todos los retornados, sino para las personas que constituyen un peligro para la sociedad”. ANTONIO ALMENDÁRIZ, DIPUTADO DE PCN
“Ante una amenaza (deportación masiva), lo peor que podemos hacer como Estado es no prepararnos. Esta ley da medidas para afrontar una situación de esas”. RODRIGO ÁVILA, DIPUTADO DE ARENA
cipales del anteproyecto es la obligación que tendrá la PNC de seguirle los pasos a pandilleros calificados como de alto riesgo.
“Dejamos explícito que la medida no es para todos los retornados, sino para las personas que tienen expedientes delictivos que constituyen un peligro para la sociedad. Con estas medidas, la PNC establecerá un seguimiento obligatorio”, comentó el presidente de la comisión y diputado del PCN, Antonio Almendáriz.
El técnico de la FGR, Rodolfo Delgado, mencionó que dicho proyecto pone control sobre los riesgos que implica la relación de los retornados con delincuentes.
“Con esta ley lo que se está pretendiendo es entrar a regular el riesgo de que una persona pueda relacionarse con delincuentes o bien pueda cometer algún ilícito establecido en la Ley Penal, en ese momento interviene el Estado y decide reeducarlo o reinsertarlo socialmente”, concluyó Delgado para sustentar la propuesta.