Un ejemplo más de que la libertad de prensa va ganando terreno en el país, pese a las resistencias que se presentan desde el sector público
La resolución del Juez de Paz de Antiguo Cuscatlán que desestima la demanda interpuesta por el Alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, contra LA PRENSA GRÁFICA por presunta difamación contenida en publicaciones de investigación periodística sobre irregularidades en la licitación por parte de la comuna para adjudicar a una empresa extranjera la instalación del Servicio Automatizado Integral de Monitoreo, Videovigilancia, Datacenter y C4 en el municipio de San Salvador, es un significativo aporte al imperio de la justicia en el país. El juez rechazó los argumentos de la parte demandante por considerar que en lo publicado no había ningún daño de imagen ni se partía de datos falsos. Y tal resolución viene a abonar en forma muy significativa al empeño de transparentar todos los procesos nacionales, dejando de lado cualquier tipo de maniobra, legal o de otra clase, destinada a coartar el derecho ciudadano a la plena información.
LA PRENSA GRÁFICA, en este como en todos sus desempeños informativos, tiene por pauta inconmovible el servicio a la verdad, lo que viene siendo práctica permanente desde sus orígenes hace ya más de 102 años. El extraordinario desarrollo de los recursos comunicativos en los tiempos más recientes ha hecho posible que la investigación periodística vaya alcanzando niveles sin precedentes, y por eso es cada vez más difícil tapar hechos controversiales y disfrazar conductas indebidas. No es de extrañar, entonces, que desde los ámbitos donde se ejerce el poder se manifiesten rechazos muchas veces airados contra la información que no está bajo control de ningún interés. Y esto hace que, aquí y en todas partes, la libertad de expresión y el derecho a la información se hallen bajo continuos acosos intimidatorios y bajo constantes amenazas de atropello en las más variadas formas, incluyendo el recurso penal.
En su momento, durante el proceso de la investigación periodística cuestionada y previamente a la publicación del material investigado, se buscó la opinión del alcalde y de sus funcionarios pertinentes, pero no hubo respuesta al respecto, lo cual es señalado por el juez resolutor como un rechazo que transgrede la obligación que tienen los funcionarios de someterse al escrutinio público en lo tocante a sus acciones como tales. Los ciudadanos, por su parte, tienen el inequívoco derecho a estar informados; y es que aquellos que ejercen función pública están en el deber de responder adecuadamente a toda indagación responsable que se haga sobre su trabajo y de someterse a la crítica como parte de su misma función.
Como bien expresó el apoderado legal de LA PRENSA GRÁFICA al referirse a la resolución del juez en este caso: “Es un precedente muy importante porque este tipo de casos son manejados por funcionarios para intimidar y restringir la información, que es un derecho fundamental, al público en general. Utilizan este tipo de mecanismo legal para generar una censura indirecta y para intimidar al medio a través de demandas”. Es muy determinante, entonces, que la justicia responda siempre con la ley y la razón en la mano.
LA PRENSA GRÁFICA continuará en su línea, en forma imperturbable y sin desvíos, porque esa es la mejor manera de cumplir con su ruta de vida y de servirle al país en toda circunstancia, y más aún en las difíciles y apremiantes condiciones que hoy prevalecen.
LA PRENSA GRÁFICA, EN ESTE COMO EN TODOS SUS DESEMPEÑOS INFORMATIVOS, TIENE POR PAUTA INCONMOVIBLE EL SERVICIO A LA VERDAD, LO QUE VIENE SIENDO PRÁCTICA PERMANENTE DESDE SUS ORÍGENES HACE YA MÁS DE 102 AÑOS.