Lo que la ciudadanía quiere y espera es que la honradez y la probidad puedan ir tomando los sitios que les corresponden en un escenario nacional renovado
Como una de las expresiones más relevantes del fenómeno evolutivo de nuestros días, se ven por todas partes impulsos e iniciativas que tienden a depurar los manejos institucionales y a sacar a luz los vicios que al respecto se han venido acumulando a lo largo del tiempo. Basta hacer un somero recorrido por los hechos de destape que se producen en las más altas esferas del poder en países centroamericanos y latinoamericanos para tener constatación viva de ello. Esta, pues, es una tendencia que se generaliza, y que como tal va haciendo visible una nueva dinámica de limpiezas saneadoras, que sin duda es efecto de los avances que presenta la democratización pese a todos los obstáculos que se le presentan.
En nuestro país nunca ha habido, a lo largo del tiempo, una cultura generalizada de la honradez y de la probidad; y eso hizo que los distintos comportamientos institucionales y sociales fueran volviéndose cada vez más opacos e inconfiables. Con la llegada de la democracia pudo haberse esperado que eso empezara a cambiar de inmediato, pero en esto se ha repetido lo que casi siempre sucede: que reordenar procederes viciosos y corregir conductas desviadas es una labor ardua, que requiere mucha perseverancia y mucha efectividad. Y lo que se ha venido viendo, sobre todo en lo que toca a la práctica de la probidad, es que en los niveles superiores de la gestión gubernamental los comportamientos corruptos se han incrementado.
Ahora hay dos fenómenos nuevos que ganan empuje con evidente vocación de permanencia: el esfuerzo de transparentización del ejercicio público y la lucha legal contra la corrupción. Han surgido y se han fortalecido instituciones en esa línea, como el Tribunal de Ética Gubernamental, encargado de hacer valer la ley respectiva, que aún no cuenta con el instrumental necesario para cumplir a cabalidad su cometido, y como la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, que fue desactivada por intereses oscuros hace algunos años, pero que hoy ha recobrado su capacidad investigativa y su verdadero perfil institucional.
Tanto el avance de la transparencia como la lucha contra la corrupción son objeto de múltiples adversidades en el plano de los hechos concretos, y así vemos cómo hay constantes resistencias gubernamentales a abrirse a la información plena y al destape voluntario, así como también se producen argucias desactivadoras como las reformas a la Ley de Extinción de Dominio que acaba de acordar la Asamblea Legislativa por la mayoría mínima. En este último punto las reacciones adversas no se han hecho esperar, y según lo manifestado por la embajadora de Estados Unidos en el país tales reformas restrictivas pueden frustrar la ayuda de dicha nación en proyectos tan decisivos como es el Fomilenio II.
Es decisivo para el país y para su proceso que las dinámicas depuradoras y correctivas no sólo no se detengan o neutralicen sino que vayan cada día a más, porque justamente lo que el régimen democrático más necesita siempre es contar con un instrumental debidamente habilitado para asegurar el buen desempeño de todos los mecanismos institucionales. Entre esos instrumentos se hallan en primera línea aquellos que son esenciales para la lucha contra la impunidad en cualquiera de sus facetas. Es la supervivencia plena y saludable del Estado de Derecho lo que en verdad está en juego.
TANTO EL AVANCE DE LA TRANSPARENCIA COMO LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN SON OBJETO DE MÚLTIPLES ADVERSIDADES EN EL PLANO DE LOS HECHOS CONCRETOS, Y ASÍ VEMOS CÓMO HAY CONSTANTES RESISTENCIAS GUBERNAMENTALES A ABRIRSE A LA INFORMACIÓN PLENA Y AL DESTAPE VOLUNTARIO, ASÍ COMO TAMBIÉN SE PRODUCEN ARGUCIAS DESACTIVADORAS COMO LAS REFORMAS A LA LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO QUE ACABA DE ACORDAR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA POR LA MAYORÍA MÍNIMA.