Negociacióno confrontación
El país pasa por un período espinoso: (1) la iliquidez e insolvencia financiera del GOES limitan la gestión pública, (2) el bajo nivel de inversiones frena el crecimiento económico y la creación de empleos, (3) las cúpulas partidarias luchan por controlar el aparato estatal, (4) las medidas antiinmigrantes afectan a la familia salvadoreña, y (5) la trilogía antidemocrática (crimen, corrupción e impunidad) tiene de rodillas a la población.
Por otra parte y desde hace décadas, la sociedad civil viene planteando la construcción de un acuerdo de país. Las siguientes situaciones evidencian que negociar es una ruta favorable para El Salvador: (a) el GOES no dispone de los fondos requeridos para honrar sus obligaciones de corto y mediano plazo; (b) la separación de poderes e independencia judicial son un precepto constitucional; (c) la mayoría de contribuyentes rechaza que se implanten más impuestos sin mejorar los servicios públicos y sin transparentar la administración pública.
En este contexto, el quehacer de la Sala de lo Constitucional ha demostrado –por primera vez en la historia– la relevancia del poder judicial. Prueba de ello son las recientes resoluciones que obligan a ordenar las finanzas públicas y a adoptar medidas fiscales que han venido postergándose (a pesar de las recomendaciones técnicas).
También preocupa la agudización de la crisis fiscal en medio de un intenso proceso electoral y del endurecimiento de medidas antiinmigrantes a nivel internacional. Este entorno indica que negociar es apremiante. ¿Qué es negociar? Es abordar los principales problemas nacionales y generar compromisos y acciones conjuntas para solucionarlos progresivamente. A continuación se presentan siete pautas para superar la crisis (vía la negociación).
Pauta 1. Aplicar un ajuste fiscal en el marco de un acuerdo de país. Este pacto podría fijar tres prioridades para los próximos quince años y asignar fondos para su cumplimiento. Asimismo, habría que precisar que la reforma de pensiones no soluciona el problema fiscal.
Pauta 2. Rescatar la escuela pública y elevar la calidad educativa. Esto implica aumentar anualmente el presupuesto de educación un 0.5 % del PIB, de 2020 a 2024.
Pauta 3. Instar la separación de poderes y la aplicación de la ley. Esto es decisivo para derrotar a la trilogía antidemocrática (crimen, corrupción e impunidad).
Pauta 4. Sustituir la retórica ideológica por el diálogo colaborativo. Esto crearía confianza y favorecería la acción conjunta para solucionar los problemas estructurales.
Pauta 5. Facilitar y dinamizar las inversiones, el empleo productivo y el emprendedurismo en los catorce departamentos. Esta línea de acción es vital para reducir la pobreza y emigración.
Pauta 6. Racionalizar el gasto público y aumentar anualmente la carga tributaria un 0.5 % del PIB entre 2019 y 2025. Esto es crucial para tener una mayor cohesión social y resiliencia.
Pauta 7. Activar la participación ciudadana y la cooperación pública-privada para poner en marcha el acuerdo de país.
Conclusión: la proximidad de las elecciones obstaculiza la negociación y favorece la polarización y confrontación. El riesgo es que el desacuerdo desmedido conduzca a una mayor crisis y a resguardar el poder público por medios cada vez más autoritarios. La oportunidad radica en que la difícil situación delictiva, migratoria, laboral y fiscal haga que la negociación se convierta en un imperativo, para superar la crisis y cimentar la democracia.