Registro oficial de adopciones

no juega ningún rol en el tema de adopciones”, advirtió Navas.

Sin la claridad sobre esta competencia, la edad de la niñez y de la adolescencia institucionalizada, mientras tanto, avanza. “Hay niños que se han hecho adolescentes dentro del sistema. Y hay casos, aunque son bien pocos, en los que los que han cumplido la mayoría de edad. No se les saca, pero se les egresa”, admitió. Y, en el peor de los casos, hay quienes han cumplido la mayoría de edad sin tener siquiera una identidad.

LA INELUDIBLE NECESIDAD DE INVESTIGAR

Independientemente de los motivos por los que los niños se hayan visto desvinculados de sus familias, ya sea porque los padres no asumieron su responsabilidad o por otra particularidad, la misión del Estado debió haber sido revincularlos con su familia de origen.

Antes, no obstante, bajo la lógica de que la prioridad es que los niños deben crecer en una familia, simplemente los asignaban a una, aunque fuera calificada, sin primero haber agotado el recurso de su familia biológica, pero la nueva ley obliga al Estado a trabajar en el sentido de revincular al niño con su familia biológica, a trabajar en la formación de habilidades de esta para que asuma su cuidado.

“Hay casos, por ejemplo, en los que se ha podido determinar que la madre estaba en un estado emocional crítico, pero ese estado psiquiátrico es superable, no le inhabilita para toda la vida para poder cuidar a su hijo, pasada una crisis posparto, que es muy común; pero imagínese que en ese período le decretan la pérdida de la autoridad parental, y cuando ella venga en un par de años después de haber terminado su tratamiento y a su bebé ya le ha sido decretada la adoptabilidad... Por eso es que son tan importantes las investigaciones”, señaló Navas. El Salvador nunca ha llevado un registro oficial sobre la cantidad anual de las adopciones que se han concretado. Lo único de lo que se ha llevado cuenta es de las declaratorias de adoptabilidad que daba el ISNA y de las adopciones que autorizaba la PGR. Pero la nueva ley establece que los jueces de Familia están obligados a informar al CONNA sobre cada adopción que lleven a término.