La OMR creará un registro de trámites y servicios en el país
La institución dijo que en septiembre iniciará el proyecto. Se revisarán todos los trámites del Órgano Ejecutivo para identificar su base legal y requisitos para luego simplificarlos. Se prevé que el registro esté listo para 2018.
El Organismo de Mejora Regulatoria (OMR), entidad encargada de mejorar el clima de inversiones en el país, prepara un proyecto para crear un registro de trámites y servicios, según informó su director ejecutivo, Jaime Campos. La mejora regulatoria forma parte del componente de clima de inversión del programa de FOMILENIO II que ejecutan los Gobiernos de El Salvador y de Estados Unidos.
Este eje también incluye la implementación de un asocio público-privado (APP) y de un fondo de inversiones.
La inversión prevista durante los cinco años que dura el programa es de $365.2 millones. El proyecto para crear un registro incluirá, de momento, solo a instituciones del Órgano Ejecutivo, indicó Campos, debido a que este “es el campo de acción” del OMR, según el decreto ejecutivo 90 con el cual se creó el organismo.
Según información preliminar generada por la Secretaría de Transparencia, hay más de 3,700 trámites y servicios en 84 instituciones públicas salvadoreñas. Solo en los 13 ministerios del país hay casi 800 trámites. Según Campos, la idea es tomar ejemplo de México, un país que cuenta con un registro federal de trámites y servicios.
El proyecto se pondrá en marcha en septiembre próximo, según dijo Campos. “Pretendemos hacer toda la recopilación, todo un inventario de trámites y servicios de los 13 ministerios que comprende el Órgano Ejecutivo”, manifestó el director del OMR.
A través del uso de un formulario, el OMR identificará si un trámite tiene base legal, sus requisitos y sus responsable dentro de cada institución. Luego se procederá a identificar cuáles trámites son los más utilizados por la ciudadanía y los que son “trámites irritantes”, es decir, aquellos que generan un costo a los particulares. El OMR estima que entre 15 % y 20 % del total de trámites y servicios podrían estar la categoría de los más utilizados. El proceso incluirá la consulta pública a sectores para identificar los trámites más complicados.
El siguiente paso será simplificar los trámites más demandados para evitar su duplicidad; luego estos serán incluidos en el registro. “El registro le dará certeza jurídica a los usuarios de cuáles son los trámites que pueden ser exigibles por parte de la administración pública a los particulares; incluso cada trámite tendría un código”, destacó Campos.
El restante 80 % de los trámites también será sometido a la revisión de su base legal. El objetivo es que el registro como tal esté listo para diciembre de 2018. René Pineda, coordinador de Mejora Regulatoria, indicó que se pretende que el registro tenga un “carácter vinculante para que no pueda exigirse más de lo que está escrito ahí”.
Los criterios que se aplicarán en este ejercicio, según los presentantes de la OMR, son los de si un trámite es de aplicabilidad general, si es prerrequisito de otro o si es percibido como un “obstáculo para la inversión”.
“Hay trámites que pueden tener mayor impacto que otro en la generación de nuevas inversiones. Con estas consultas queremos hacer una mejor ‘priorización’. Al final para atraer más inversiones y reducir costos a ciudadanos y empresas”, expresó Pineda.
Campos citó, por ejemplo, que ANDA no considera como un trámite la entrega de la factibilidad para los nuevos proyectos de construcción. Sin embargo, el sector lo considera como el primer paso para iniciar un nuevo desarrollo. “El concepto de trámite va más allá de obtener un documento como el pasaporte o el DUI, incluye también factibilidades, licencias, permisos, autorizaciones que provienen de la misma
administración pública”, acotó el director ejecutivo del OMR.
La propuesta es que los trámites sean lo menos costosos posible para los ciudadanos. Campos aclara que los trámites que no estén en el registro y no sean necesarios serán eliminados.
El proyecto será lanzado junto a la Secretaría Técnica de la Presidencia y la Secretaría de Participación Ciudadana.
El OMR tiene previsto auxiliarse de personal que vaya a las instituciones a llenar de 60 a 80 campos de información para cada uno de los trámites, en los que se incluyan los tiempos de respuesta, si hay modalidades del trámite, su justificación, entre otros datos.
Campos anticipa que uno de los legados del OMR pueden ser la creación de un registro nacional de trámites, pero esto requerirá de la aprobación de una ley.
La primera versión del registro funcionará en línea. Este se alojará en el portal de internet del OMR. Para Pineda, contar con el primer catalogo “será de gran beneficio”.
Conocer con certeza cuántos trámites o servicios brinda una institución estatal y cuáles son los requisitos es parte de los beneficios que tendrá el registro para la ciudadanía, considera Campos.
El proyecto de FOMILENIO culminará en septiembre de 2020.
“El registro le dará certeza jurídica a los usuarios de cuáles son los trámites que pueden ser exigibles por parte de la administración pública a los particulares; incluso cada trámite tendría un código”.
JAIME CAMPOS, DIRECTOR EJECUTIVO DEL OMR