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Son ya numerosas las exhortaciones que hemos hecho a la Corte Suprema de Justicia para que acelere la depuración judicial. Se trata de una tarea que ya lleva demasiados años pendiente y a la cual no se le puede seguir dando largas, pues está causándonos serios daños a todos los ciudadanos. Como lo hemos sostenido en reiteradas ocasiones, la impunidad y la inseguridad de la que ahora somos presa se debe en buena medida a que no se han realizado las actuaciones necesarias para separar a los jueces corruptos.

Tampoco se ha hecho mayor cosa para separar a aquellos jueces que han mostrado graves deficiencias en sus razonamientos legales y que con ello ocasionan tanto o más daño que los que se prestan a actuaciones delictivas. Insistimos en que esa imprescindible depuración judicial pasa por reestructurar por completo la sección de investigación profesional y judicial, así como con el establecimiento de mecanismos ágiles y eficientes para conducir las respectivas investigaciones.

A esta tarea se le suma ahora otra que venía cumpliéndose bastante bien durante el año pasado, pero que en este año

nos ha vuelto a preocupar. No existe ninguna justificación válida para que se hayan vuelto a “entrampar” las investigaciones conducidas por la sección de probidad, a lo cual se agrega la reciente decisión de Corte plena que decidió reservar la información relacionada con esas investigaciones.

Volvemos a preguntarnos ¿qué ha pasado con probidad? Sobre todo porque desde el año pasado se divulgó públicamente que existían más de 70 casos que estaban siendo investigados en la sección de probidad y que algunos de ellos ya se encontraban en su fase final, listos para ser sometidos a consideración y decisión de la Corte Suprema de Justicia en pleno. En términos generales seguimos sin saber qué pasó con esos casos, salvo la escasa información que ha sido divulgada a través de algunos medios.

Esto preocupa porque ya se había generado en la sociedad la percepción de que en la Corte Suprema de Justicia las cosas habían cambiado y ahora sí existía el compromiso por combatir la corrupción. La decisión de reservar la información de esos casos, más el injustificable retardo en resolverlos, está botando por completo esa percepción y está comenzando a generar otra; la impunidad vuelve a asomarse.

A esto hay que agregar la discrecionalidad con la que aparentemente se están manejando los procesos. Entendemos que no existe un procedimiento establecido claramente en la ley de la materia, y

si bien es cierto que tal procedimiento no es requisito sine qua non para que la Corte despliegue su facultad constitucional, no podemos negar que en nada contribuye el hecho que se estén otorgando distintos plazos a las personas investigadas para que presenten la documentación o información de descargo a la sección de probidad.

Por último y a raíz de la reciente decisión de la Sala de lo Constitucional en materia presupuestaria, surge la ineludible e impostergable tarea de manejar de manera más eficiente el presupuesto asignado al Órgano Judicial. Esto pasa por ajustar remuneraciones, eliminar o disminuir ciertas prestaciones, focalizar esfuerzos, redistribuir jurisdicciones, hacer un uso más inteligente de las instalaciones y en fin, pasa por evitar el despilfarro que sin duda existe en ese Órgano.

Desde luego que la Corte tiene muchas otras tareas, pero desde nuestra perspectiva, estas 3 adquieren singular transcendencia en el contexto de las próximas elecciones de magistrados. Y es que además de las consabidas características de independencia, así como de capacidad y moralidad notoria, queremos magistrados que estén comprometidos con la depuración judicial, que estén decididos a combatir la corrupción hasta sus últimas consecuencias y que tengan adecuados criterios gerenciales que permita a los ciudadanos tener un mejor acceso la justicia.