Es indispensable y urgente desplegar estrategias que hagan posible que las autoridades cumplan con su cometido en forma segura

La criminalidad organizada viene manifestándose en nuestro ambiente con embates cada vez más intensos, y eso evidentemente es efecto de una ofensiva de penetración y de ataque continuo para ganar y dominar cuantos espacios le vayan siendo posibles. Al hacer un enfoque retrospectivo sobre lo que ha venido pasando al respecto en los tiempos más recientes se constata, sin ninguna duda, que el avance del crimen no se ha detenido en ningún momento, y eso ha puesto y sigue poniendo a la institucionalidad legal en situación cada vez más comprometida, como lo muestran a diario los hechos. Hay, pues, dos velocidades en continuo contraste, y la velocidad del crimen es la que, por todas las muestras disponibles, gana más terreno, pese a los esfuerzos que se despliegan desde el ámbito institucional.

Esto debe ser revertido de una manera clara y sostenible, porque de lo contrario las condiciones de la realidad se irán volviendo más y más depredadoras e intolerables. En ese sentido, y como lo reiteramos cada vez que el tema vuelve a hacerse presente por circunstancias específicas, la institucionalidad, y más en concreto aquélla que está encargada de garantizar la seguridad ciudadana en todos los sentidos, tiene que asumir su rol sobre bases que puedan sustentar de manera efectiva una lucha antidelincuencial de complejidad creciente que presenta desafíos de alto riesgo y de alta intensidad.

El accionar pandilleril se ha instalado en el terreno con características de permanencia dominante y de agresiva capacidad controladora. Basta traer a cuento el poder territorial que ejercen dichas estructuras criminales para dar fe de ello. Tal poder es reconocido en la cotidianidad hasta por las fuerzas políticas en juego, como lo demuestra el destape de pagos hechos en el pasado reciente por los partidos en contienda a gente de las pandillas para que les den su apoyo y aun para que les permitan actuar con la libertad requerida.

Pero las cosas están pasando constantemente a más, y el plan de ataque mortal a miembros de la Policía Nacional Civil y de la Fuerza Armada, que van en aumento en los últimos tiempos, así lo evidencia. Ante las nuevas formas de lucha que se activan desde la institucionalidad, los grupos delincuenciales optan por golpear a muerte a integrantes de aquellos cuerpos que están al frente del accionar gubernamental contra el crimen y a sus familias. Son 17 los policías y 7 los militares asesinados durante el año, y eso es algo que resulta absolutamente intolerable tanto desde el punto de vista humano como desde la perspectiva institucional.

Las instituciones tienen que desarrollar y desplegar iniciativas de protección integral para todos los que formen parte de ellas, y eso es factor vital de su propia efectividad, ya que los crímenes aludidos se proponen a todas luces no sólo golpear la moral y quebrantar la voluntad de los que están ya en las filas institucionales sino desanimar intimidatoriamente a los que querrían ingresar en ellas. Esto no puede continuar en ninguna forma, porque aquí lo que está en juego es la estabilidad y el desempeño eficaz de las instituciones cuyo rol es tan decisivo para revertir la agobiante inseguridad que se padece.

Esperamos ver, al más corto plazo posible, una propuesta estratégica que ponga el imperio de la legalidad y la seguridad de su ejercicio por encima de todo lo demás.

HAY, PUES, DOS VELOCIDADES EN CONTINUO CONTRASTE, Y LA VELOCIDAD DEL CRIMEN ES LA QUE, POR TODAS LAS MUESTRAS DISPONIBLES, GANA MÁS TERRENO, PESE A LOS ESFUERZOS QUE SE DESPLIEGAN DESDE EL ÁMBITO INSTITUCIONAL. ESTO DEBE SER REVERTIDO DE UNA MANERA CLARA Y SOSTENIBLE, PORQUE DE LO CONTRARIO LAS CONDICIONES DE LA REALIDAD SE IRÁN VOLVIENDO MÁS Y MÁS DEPREDADORAS E INTOLERABLES.