Las destituciones y las renuncias disuelven el Gabinete de Morales
Suspendieron las licencias para las fuerzas policiales por la emergencia nacional.
La ministra de Salud de Guatemala, Lucrecia Hernández, y otros funcionarios dimitieron ayer después de que el presidente Jimmy Morales anunció que ordenaba la expulsión del director de la Comisión contra la Impunidad.
“En el momento en que usted decide declarar non-grato al Sr. Iván Velásquez de la CICIG, usted asume una posición a favor de la impunidad y de los sectores corruptos del país, contradiciendo todas las declaraciones que alguna vez hizo sobre justicia y transparencia”, señaló la carta de dimisión de Hernández y de tres de sus viceministros.
Morales ordenó la expulsión “inmediata” del jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), dos días después de que Velásquez y la fiscal general, Thelma Aldana, pidieran levantar la inmunidad del mandatario para investigarlo. La decisión de Morales fue frenada más tarde por la Corte de Constitucionalidad (CC), que otorgó un amparo, que luego fue ignorado por Morales.
Los medios guatemaltecos también especularon sobre la renuncia de la ministra de Trabajo, Leticia Teleguario, pero la decisión aún no es oficial, según dijo el departamento de prensa de esa institución.
Previamente, el gobierno de Morales removió de su cargo al ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Morales, quien será reemplazado por Sandra Jovel. El canciller se encuentra en Japón en una visita oficial.
FUNCIONARIA CUESTIONADA
Jovel Polanco, la nueva canciller, sin embargo, está siendo procesada por el caso de una adopción irregular de un menor. Fuentes de la Fiscalía indicaron a Acan-efe que está previsto que esta mañana se celebre la audiencia de etapa intermedia a las 10:30 de la mañana, en el Juzgado Sexto para decidir si Jovel Polanco debe o no enfrentar un juicio oral y público.
En este caso, que obligó en su momento a Jovel Polanco a dimitir de su cargo de vicecanciller, también fueron procesados Mynor Edgardo Quintana Sánchez y Dominga Lissette Ordóñez Sáenz, asesora de la exvicecanciller.
Ambos están acusados de los delitos de abandono de niños, personas desvalidas y desobediencia, aunque también fueron beneficiados con arresto domiciliario tras el pago de fianzas de 10,000 y 20,000 quetzales ($1,309 y $2,619), respectivamente.