Cámara acepta toda la prueba fiscal contra expresidente CSJ
Abogados defensores hicieron constar su disconformidad con la aceptación de una auditoría de la Corte de Cuentas y la inadmisibilidad de testimonios.
“Una auditoría (de la CCR) no sirve para probar una irregularidad, esta pasa a un juicio de cuentas y es ese juicio el que determina si existe una irregularidad”. MIGUEL GIRÓN, ABOGADO DEFENSOR
“Una inconsistencia se aclaró, en el informe de Probidad se había determinado por $55,000” ANA CECILIA GALINDO, FISCAL DEL CASO
Los magistrados de la Cámara Primera de lo Civil resolvieron admitir toda la prueba ofrecida por la Fiscalía General de la República (FGR) en el caso en el que es acusado el expresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Agustín García Calderón, y su esposa Gloria de García, por enriquecimiento ilícito. Según la demanda fiscal, García Calderón y su esposa no pudieron justificar el origen lícito de $193,536.61.
La Cámara también solicitó a la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) que remita una lista de peritos contables para elegir a la persona que realizará el examen financiero de García Calderón y su esposa, tal como lo solicitó la Fiscalía. Además, los magistrados fijaron la audiencia probatoria del caso para el próximo 8 de noviembre.
La Fiscalía añadió al expediente una auditoría de la Corte de Cuentas de la República (CCR) en la que existe un reparo porque durante la licitación del seguro médico de los magistrados en el año 2007, cuando García presidía la Corte, no se siguieron los procedimientos establecidos por la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP). “Según la ley de la Corte de Cuentas, una auditoría no sirve de nada para probar una irregularidad, si hay una auditoría que determina una irregularidad este pasa a un juicio de cuentas y es ese juicio el que determina si existe una irregularidad. La prueba es entonces incompleta”, señaló el abogado defensor del expresidente de la CSJ, Miguel Girón.
Los magistrados respaldaron el argumento de Girón en su resolución e hicieron un llamado a la Fiscalía para que determine si el caso ya llegó a un juicio de cuentas. Los fiscales aseguraron que desconocen en qué instancia se encuentra dicho proceso.
La Cámara también resolvió dejar fuera, por considerarla innecesaria, la declaración del expresidente de la Corte y el testimonio de Carlos Mauricio Molina Fonseca, ambos ofrecidos por los abogados defensores.
“Él (Molina) participó en una compraventa de uno de los vehículos que está siendo cuestionado en cuanto a su adquisición, obviamente creemos que es pertinente que si alguien ha comparecido en un acto jurídico de esa naturaleza declare sobre lo ocurrido, sobre todo si se está cuestionando el acto jurídico en cuanto tal”, señaló el abogado de García Calderón.
La Fiscalía ha demandado al expresidente de la Corte por inconsistencias en el origen de los fondos con los que García Calderón compró dos vehículos valorados en $22,000. Según el informe de Probidad, la esposa de García Calderón compró un carro por $10,000 a Rafael Eduardo Ardón, cuñado del acusado de narcotráfico José Cisneros, alias “Medio Millón”.
“Una inconsistencia se aclaró, en el informe de Probidad se había determinado (una irregularidad) por $55,000, pero cuando le corren traslado al señor García Calderón para defenderse la irregularidad bajó a $22,000, porque el monto por los vehículos era ese. Nosotros hemos demandado correctamente solo fue la relación de los hechos, pero la cuantía es la que nosotros establecimos, no demandamos por $55,000”, señaló la fiscal del caso Ana Cecilia Galindo.
La investigación de Probidad apunta a que Ardón compró ese carro por $22,900, y luego lo vendió libre de impuesto a la esposa del exmagistrado.
Entre las irregularidades señaladas por Fiscalía al patrimonio de García Calderón y su esposa, también se cuentan: $70,944 adicionales a lo que recibió de prestaciones y salarios como presidente de la Corte y $81,006 en depósitos bancarios luego de su gestión de los cuales se desconoce su origen.
Los magistrados de la Cámara desestimaron los argumentos de la defensa sobre la imposibilidad de auditar el período anterior y el posterior a la función pública de García Calderón.
Inicialmente la CSJ avaló enviar a juicio por enriquecimiento ilícito a García por no poder justificar $165,252.97; sin embargo, gracias al voto razonado de dos magistrados en el acuerdo, la Fiscalía sumó a esto $28,283.64 de la bonificación que García cobró por retiro voluntario al cierre de sus funciones.