Piden a la FGR agilizar diligencias de masacre
El ministerio público aseguró que estas dependen del tribunal en el que se ventila el caso.
El abogado David Morales, representante de familiares de víctimas de la masacre de El Calabozo, ocurrida en San Esteban Catarina, San Vicente, en 1982, manifestó que el caso, que fue reabierto luego de que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró favorable la solicitud de amparo que ordenó su “desarchivo”, hasta la fecha no ha avanzado de acuerdo con los requerimientos.
Morales, exprocurador para la Defensa de los Derechos Humanos, manifestó que las diligencias que le correspondían como abogado acusador que ejerce desde antes de haber ocupado dicho cargo fueron presentadas ante el tribunal de Primera Instancia de San Sebastián (San Vicente) tal como lo pidió la jueza, en las que ratificó las denuncias iniciales que dieron paso al amparo. Agregó que junto a familiares también presentaron varias peticiones a la Fiscalía General de la República (FGR) como parte del proceso que se sigue, pero aseguró que aún no tienen respuesta.
“Hemos pedido una exhumación, documentación militar, la detención provisional de los oficiales involucrados, uno de los principales, el militar en retiro Sigfredo Ochoa Pérez, que fue uno de los comandantes que dirigió el operativo; el exministro de Defensa Guillermo García; y el exjefe del Estado Mayor Rafael Flores Lima, pero la Fiscalía hasta hoy no ha solicitado ninguna de esas diligencias ni otras que estimara convenientes”, manifestó Morales.
Al señalamiento del exfuncionario se suman los familiares, quienes sostienen que la impunidad sigue vigente pese a que el caso fue reabierto y ya debería de existir indicios en el proceso que indiquen que habrá justicia por la matanza de familias completas, niños, mujeres y ancianos, que en información oficial enumera a más de 200 víctimas.
Para David Morales, este al igual que otros casos que han sido reabiertos tras la declaración de inconstitucionalidad de varios artículos de la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz, aprobada en 1993, no están siendo asumidos como debería, lo cual retrasa la justicia, la verdad y la reparación en crímenes cometidos durante la pasada guerra.
Al respecto, Salvador Martínez, director de comunicaciones de la FGR, afirmó que el ministerio público realiza procedimientos “a petición del tribunal que lleva el caso”, por ser quien asume la “dirección funcional” de acuerdo con la resolución y que corresponde al juez pedir los requerimientos.