Es fundamental para asegurar la estabilidad del país que la enredada problemática de las finanzas públicas vaya entrando en fase de ordenamiento responsable

Está a punto de cumplirse el plazo legal para que el Órgano Ejecutivo, por medio del Ministerio correspondiente, presente a la Asamblea Legislativa el proyecto de Presupuesto General del Estado para el ejercicio fiscal correspondiente al año 2018, y justamente en estos mismos días el Gobierno está manifestando que para cubrir sus obligaciones normales del año en curso necesita un refuerzo urgente de muchos cientos de millones de dólares, lo cual pone de manifiesto de modo incuestionable que el Presupuesto General de 2017 nació desfinanciado con el fin expreso de que fuera aprobado por mayoría simple, incumpliendo así las reglas básicas de una lógica presupuestaria consistente y apegada a la ley.

Vistas las cosas desde un enfoque amplio y sincero, ya no se puede seguir ocultando que el tratamiento de las finanzas públicas es irregular y de alto riesgo. Esto genera trastornos de todo tipo, que al acumularse sin las debidas correcciones pone al país en situación altamente vulnerable, que en cualquier momento puede derivar en una crisis de consecuencias catastróficas. Señales como la del “impago selectivo” en que se cayó hace poco están enviando avisos sumamente preocupantes que bajo ningún pretexto habría que echar en saco roto. Por el contrario, el buen tino recomienda poner cada día las barbas en remojo para tomar sin tardanza las medidas que conduzcan a un reordenamiento financiero alineado con la sensatez de las decisiones y con el sano manejo de los procederes administrativos.

Aunque el tiempo es apremiante al máximo y las tensiones electorales están ya haciéndose sentir con intensidad creciente, la normalización financiera y la responsabilidad presupuestaria no pueden esperar más porque las circunstancias nacionales no lo permiten. Hay que dejar de lado de una vez por todas la perversa y nociva práctica de abrir hoyos para tapar otros, como se ha hecho con el atolondrado endeudamiento que nos tiene cada vez más amenazados por la inviabilidad. Hay que decidirse sin más reparos a poner en vigencia una austeridad que corresponda a nuestras posibilidades y a nuestros objetivos nacionales, al mismo tiempo que se activan los estímulos determinantes para el repunte productivo dentro de un plan de largo alcance con suficiente sustento consensuado. Este decisivo replanteamiento estratégico no puede continuar pendiente ni un día más.

La lógica del gasto tiene que estar regida en todo momento por un principio que es de acatamiento elemental y universal: nunca hay que gastar más de lo que se recibe, porque si dicho principio se desconoce o se quebranta se entra en la zona de los trastornos incontrolables, y de ello los salvadoreños tenemos pruebas más que sobradas. A causa de eso el Gobierno vive hoy atrapado en el ahogo y la ciudadanía paga a diario las consecuencias de ello.

Si se va a hacer una reforma de pensiones hay que asegurar que sea no sólo para quitarle carga al Estado sino sobre todo y fundamentalmente para consolidar el sistema en beneficio prioritario de los cotizantes y de cuantos necesitan apoyo en sus años postreros.

Y en general es preciso reorientar la política pública en el ámbito financiero para impulsar el mejoramiento consistente de las condiciones de vida en el país, ya que si esto no se produce todas las iniciativas modernizadoras seguirán estando en el aire.

SI SE VA A HACER UNA REFORMA DE PENSIONES HAY QUE ASEGURAR QUE SEA NO SÓLO PARA QUITARLE CARGA AL ESTADO SINO SOBRE TODO Y FUNDAMENTALMENTE PARA CONSOLIDAR EL SISTEMA EN BENEFICIO PRIORITARIO DE LOS COTIZANTES Y DE CUANTOS NECESITAN APOYO EN SUS AÑOS POSTREROS.