Fiscalía investiga a 700 alcaldes independentistas
En total, 712 ayuntamientos de los 947 que existen en Cataluña se comprometieron a colaborar con la convocatoria.
La Fiscalía española dio ayer un paso decisivo contra el referendo soberanista convocado de forma unilateral por el Gobierno de Cataluña –y prohibido por la Justicia– al pedir que se cite como imputados a los más de 700 alcaldes de la región, que en los últimos días apoyaron la consulta, fijada para el 1.º de octubre. El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, pidió a las fiscalías de las cuatro provincias catalanas que abran diligencias contra los alcaldes afines a la votación sobre la independencia y ordenó a la Policía su detención en caso de que no comparezcan.
El papel de los ayuntamientos es clave en la consulta, ya que la cesión de locales electorales es necesaria para su celebración.
En un comunicado, el partido antisistema y secesionista CUP, que apoya al Gobierno catalán de la coalición Junts pel Sí (también separatista), anunció que sus alcaldes no obedecerán a la Fiscalía.
El ministerio público recordó que el Tribunal Constitucional suspendió hace unos días cautelarmente la convocatoria del referendo, prohibiéndolo “de facto”, y advirtió que las conductas dirigidas a su organización y celebración pueden constituir delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos.
Algunos alcaldes catalanes, como los de las localidades de l’ametlla de Mar (provincia de Tarragona) y de Argentona (Barcelona), publicaron ayer en Twitter videos en los que se muestra cómo se destruyen los requerimientos enviados por el Constitucional.
“Ya hemos archivado la advertencia del Gobierno”, expresó con sorna en un mensaje junto al video el alcalde de Argentona, Eudald Calvo.