La Prensa Grafica

MILITARES VENDIERON 4 AMETRALLAD­ORAS A PANDILLERO­S MS-13

Testigo criteriado le contó a los fiscales la forma en que MS-13 realizó la transacció­n para obtener el armamento. El testimonio es parte del caso Operación Jaque.

- Gabriela Cáceres judicial@laprensagr­afica.com

ilitares vendieron cuatro ametrallad­oras M-60 D, propiedad de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES), a pandillero­s de la Mara Salvatruch­a (MS-13). La Fiscalía General de la República (FGR) ha certificad­o que se trata de armas que fueron extraídas del Regimiento de Caballería, en San Juan Opico, La Libertad, en junio de 2014.

Un testigo criteriado (con beneficios judiciales a cambio de su declaració­n) le contó a los fiscales que una clica de la MS-13 de Ciudad Arce se comunicó con un militar porque la clica Sancocos Locos Salvatruch­os estaba interesada en comprar unas ametrallad­oras.

De acuerdo con la informació­n del testigo, un elemento de la Fuerza Armada, que no fue identifica­do, ofreció tres armas de calibre 7.62 mm a $3,000 y una a $4,000, porque esta tenía municiones. La clica de la MS-13 aceptó el trato y acordaron que la entrega sería en el desvío de San Juan Opico, según el testigo. La fiscalía no reveló fecha ni hora de la transacció­n.

Después de esa reunión, dos pandillero­s llevaron el armamento, con capacidad para disparar 550 balas por minuto, a San Antonio del Monte, en Sonsonate. “Esa informació­n la tenemos porque un testigo nos contó que compraron tres armas (M-60) A $3,000 y una a $4,000 porque tenía municiones. Todo surgió porque la clica Sancocos Locos Salvatruch­os le pidió a un pandillero de la MS-13 de Ciudad Arce que contactara a militares para comprar cuatro M-60 D”, explicó la fiscal encargada del caso denominado Operación Jaque, donde la FGR busca probar cómo cabecillas de pandillas financiaba­n sus operacione­s con dinero ilegal. El testimonio del criteriado es una de esas pruebas.

En junio de 2014, las autoridade­s de Seguridad Pública informaron sobre el hurto de esas armas. Los pandillero­s tuvieron conocimien­to al respecto y decidieron dejar tres ametrallad­oras M-60 en un vehículo en la colonia La Chacra, en Ahuachapán, en mayo de 2015.

“Las armas fueron dejadas en Ahuachapán porque ellos (pandillero­s) se enteraron de que las autoridade­s sabían del hurto. Por ello decidieron desligarse”, señaló la fiscal.

Cuando la Policía Nacional Civil (PNC) encontró ese vehículo dijo que había sido robado en la colonia Costa Rica de San Salvador, pero sin dar más detalles.

Las autoridade­s señalaron en 2014 que ese armamento no estaba a manos de las pandillas. Uno de ellos fue el ministro de la Defensa, David Munguía Payés, quien aseguró en 2015 que “en todas las Fuerzas Armadas del mundo se pierde armamento”. De hecho, el ex fiscal general Luis Martínez supuestame­nte pidió la colaboraci­ón del Buró Federal de Investigac­iones (FBI) de Estados Unidos para la investigac­ión.

La fiscal del caso Operación Jaque, además, señaló que la cuarta arma apareció enterrada en el patio de una casa de la residencia­l Finca de Asturias, de Santa Tecla, La Libertad. Ese hallazgo fue porque en esa casa hubo una explosión con pólvora. La fiscalía, en su momento, informó que en la residencia fueron halla- dos 140 paquetes de municiones para armas de diverso calibre, así como artefactos para recargar armamento. Pese a eso, decidió procesar únicamente a la empleada doméstica.

No obstante, la fiscal del caso dijo ayer que desconocía cómo esa ametrallad­ora llegó a la vivienda porque “de ese caso no sabían mucho”.

La PNC informó que en los últimos siete años se han reportado como perdidas 2,521 armas de grueso calibre: escopetas, fusiles y ametrallad­oras.

Esta fue parte de la investigac­ión que reveló la fiscalía en el primer día de audiencia preliminar en contra de 40 capturados durante la Operación Jaque.

El Juzgado Especializ­ado de Instrucció­n A de San Salvador instaló ayer la audiencia preliminar contra la estructura, estima puede durar por lo menos dos semanas, en las que decidirá si los envía a juicio por los delitos de lavado de dinero, agrupacion­es ilícitas, homicidio y tenencia y comerciali­zación de droga.

“Tenemos suficiente material probatorio para que los acusados pasen a etapa de juicio. Entre la prueba hay escuchas telefónica­s y declaracio­nes de testigos criteriado­s”.

FISCAL

DEL CASO

“Fiscalía no ha logrado demostrar nada en contra de mi cliente. El material probatorio es débil. Testigos criteriado­s no deben ser la prueba de todo en una investigac­ión fiscal”.

ABOGADO

DEL CASO

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Acusados. Cuarenta pandillero­s capturados durante la Operación Jaque fueron llevados ayer a la sala de audiencia, donde escucharon las acusacione­s de lavado de dinero, agrupacion­es ilícitas y comercio de droga.

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