Críticas para la Sala Cnal. por limitar el acceso a información
El Instituto de Acceso a la Información y el Grupo Promotor reprocharon a los magistrados de la Sala de lo Constitucional los límites que han impuesto al derecho de acceso a la información pública.
Hay tres tipos de información que, por decisión de la Sala de lo Constitucional, no podrán exigir los ciudadanos: información sobre “aspectos superfluos”, como por ejemplo, datos sobre uso de mobiliario, papelería o equipo asignado a empleados o funcionarios públicos para desempeñar su función. Además, las instituciones públicas podrán negar información a los ciudadanos cuando denoten que esa información “implique un importante desvío de recursos humanos y materiales para su producción” o cuando consideren que la solicitud busca bloquear el trabajo de la institución. Los ciudadanos tampoco podrán pedir información sobre hechos que no tuvieron lugar en presencia de los titulares actuales de las instituciones, y que no fueron documentados.
Esos tres límites que impuso la sala constituyen un grave retroceso en materia de transparencia y limitan el derecho al acceso de la información pública de los ciudadanos. En eso coincidieron ayer el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) y el Grupo Promotor de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) que, por separado y en distinto tono, cuestionaron a los magistrados por imponer nuevas causales para que las instituciones nieguen información pública a la ciudadanía.
La sala emitió los tres criterios en la resolución 713-2015, publicada el pasado lunes, con la cual declaró como incumplida la sentencia sobre viajes realizados por el expresidente Mauricio Funes y su exesposa.
Los comisionados del IAIP rechazaron ayer la resolución, la cual calificaron como un retroceso porque consideran que la Sala de lo Constitucional impuso barreras a los ciudadanos para que puedan ejercer su derecho a la información. Según el análisis del instituto, la decisión de la sala impedirá, por ejemplo, que los ciudadanos pidan que se reconstruya información sobre operativos militares realizados durante la guerra civil.
El instituto dejó entrever que los magistrados de la sala se extralimitaron al poner tres causales para denegar información que ni siquiera está en la LAIP.
“Nos preocupa que se estén estableciendo más barreras... La información superflua ¿quién la va a calificar? Este tipo de resoluciones dañan al país”, dijo la comisionada Herminia Funes, quien considera irónico que la Corte Suprema de Justicia remodele su oficina de Probidad cuando en la práctica los magistrados están tomando decisio-