QUEJASPOR ATRASODE PAGOSDEL PROGRAMA ACTÍVATE

Monitores del programa Actívate, iniciativa que coordina el Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES), denunciaron atrasos de hasta tres meses en sus pagos y cuestionaron los mecanismos de selección del personal.

Uno de ellos, José Miguel Morán López, llevó su denuncia a la Unidad de Defensa de Derechos del Trabajador de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador y recibió sus pagos luego de una conciliación con el INDES.

Actívate es una iniciativa presidencial que forma parte de las medidas extraordinarias de prevención del Plan El Salvador Seguro, y como tal es desarrollada con fondos de la contribución especial de seguridad ciudadana y convivencia que se descuentan a los usuarios de las compañías telefónicas. Su presupuesto, según la hoja de distribución presupuestaria, sumó $1 millón 250 mil dólares entre 2016 y este año. De ese total, $650 mil 470 fueron para salarios de 148 personas, entre monitores, asesores técnicos y técnicos deportivos. La rapidez con la que esos fondos son operativizados es lo que ha despertado resquemores y denuncias.

“Imagínese, estar esperanzado a un salario de $135 y trabajando 20 horas. El representante de INDES no nos daba una respuesta y decía que los atrasos salariales no eran problema suyo, y otras veces la excusa era que el Gobierno no aprobaba el desembolso”, abunda Héctor Antonio Rivas, monitor de la zona de Ilobasco y uno de los pocos empleados del programa que se atrevió a denunciar de manera abierta el problema.

Rivas trabajó por nueve meses con un grupo de 45 niños de entre siete y 14 años y quedó inconforme con el manejo del programa. “Sin dinero nos veíamos con las manos atadas, nos hacían firmar contratos de tres meses, pero pasaba el tiempo y no nos cancelaban”.

Monitores de otras zonas del país accedieron a hablar con la redacción deportiva de Grupo LPG solo bajo el anonimato; de modo unánime, esta decena de personas debió sobrellevar más de tres meses de atraso en sus pagos.

“Nos dieron paja, nos dijeron que ganaríamos desde la capacitación, pero empezamos a trabajar desde la última semana de septiembre de 2016, estuve hasta junio de 2017 y todavía me deben tres meses”, recalcó Rivas, cuya situación se regularizó en el último trimestre de este año (entrevista en página 128).

“Ya es un método, nos dicen que vamos a esperar el desembolso, que está en trámites... Motiva ver la gente tratando de superarse, pero el constante atraso desmotiva”, sostuvo un monitor del programa en la zona occidental del país que trabaja desde octubre con el programa presidencial y que pidió no revelar su nombre.

Otro monitor, José Miguel Morán López, llevó su inconformidad a la Unidad de Defensa del Derecho del Trabajador de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en Santa