APES critica discrecionalidad promovida por Sala de lo Cnal.
La asociación exigió a los magistrados respeto por el derecho ciudadano de acceso a la información. Dicen que sentencia atenta contra el periodismo.
“Hasta el momento es legítimo, según la ley, solicitar información, y nadie te tiene que cuestionar por qué la estás solicitando y cuál es el uso que le vas a dar. Con estas valoraciones de la sala, estamos viviendo un retroceso”. DALILA ARRIAZA, PRESIDENTA DE LA APES
Para la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), los límites que impusieron los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a la información públicafavorecen la discrecionalidad de las instituciones receptoras de solicitudes de información al momento de decidir si entregar o no lo solicitado. “Como organización de periodistas, dejamos claro que nos preocupan este tipo de resoluciones y este tipo de determinaciones. Exhortamos a las instituciones estatales y funcionarios a continuar en el camino a la transparencia, esto significa no aceptar estas determinaciones, no estar de acuerdo, no avalar esta sentencias. Un llamado a la transparencia es lo que APES hace”, afirmó la presidenta de la asociación, Dalila Arriaza.
La sala, en susentencia 713-2015, en la que diopor incumplida la orden de transparentar los viajes que realizó el expresidente de la república Mauricio Funes y su entonces esposa, Vanda Pignato, estableció tres límites sobre los que los oficiales de Información van a situarse para decidir cuál información van a entregar y cuál no.
La información que “versa sobre aspectos super- fluos relacionados con la actividad de un funcionario o de una institución particular y que no denota razonablemente un interés público”, la que “cuya recopilación y sistematización denote razonablemente un interés deliberado enneutralizar uobstaculizar el desarrollo normal de las funciones de la institución a la que es requerida” y la relativa a “hechos que no tuvieron lugar en presencia de sus actuales titulares y que, ensu momento, debieron quedar asentados en acta o cualquier otro soporte documental” consideró la sala que puede negarse a cualquier ciudadano.
APES recriminó que los magistrados ni siquiera definieron términos claves, por lo que la interpretación que se haga de ellos será variada en cada institución.
“Lasala deja la puerta abierta a que funcionarios o instituciones públicas, a discreción, puedan