CONGRESO PODRÍA SER SALVAVIDAS PARA TPS
El Ejecutivo de EUA comunicó ayer que extenderá el permiso para Honduras por seis meses, mientras que para los nicaragüenses lo eliminará en 2019.
Ala luz de la incertidumbre para los centroamericanos por el Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés) en Estados Unidos, el Gobierno de El Salvador ha decidido que este es el momento de buscar una salida definitiva y “a largo plazo” para 190,000 compatriotas con el estatus. Luego de 16 años con TPS y 11 prórrogas, el canciller de la república, Hugo Martínez, dijo ayer en rueda de prensa que independientemente de la decisión que tome el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) sobre el futuro de los connacionales inmigrantes, ha llegado la hora de abandonar el bote del TPS para buscar una legislación “permanente” en el Congreso de Estados Unidos.
El DHS decidió ayer terminar el TPS de Nicaragua el 5 de enero de 2019, al tiempo que para Honduras determinó extenderlo de forma automática hasta el 5 de julio de 2018 mientras esa agencia toma una decisión definitiva sobre ese permiso especial.
La secretaria interina de Seguridad Nacional, Elaine Duke, también llamó ayer al Congreso a buscar una salida permanente para los beneficiarios del TPS. “Reconociendo las dificultades que enfrentan los ciudadanos de Nicaragua –y potencialmente los ciudadanos de otros países– que han recibido el TPS por casi dos décadas, la secretaria interina Duke llama al Congreso a permitir una solución permanente para este programa de naturaleza temporal”, dijo ayer Duke en un comunicado de prensa.
El canciller Martínez aseguró que hay dos opciones salvavidas para los beneficiarios del programa, que fue aprobado en 2001 a raíz de dos devastadores terremotos. La primera opción es agotar todas las vías disponibles para que estas personas busquen el camino hacia un estatus migratorio estable.
La segunda alternativa, y en la que enfocarán sus esfuerzos, es buscar dentro del Congreso una medida con camino a la ciudadanía.
Martínez no emitió ayer una reacción que relacionara el anuncio del TPS de Nicaragua y Honduras con el destino del estatus para El Salvador, pero aseguró que en “los próximos meses” enfocarán la estrategia en hacer gestiones dentro del Congreso.
Para lograr esto, según Martínez, desde la cancillería ya se están estudiando dos proyectos de ley que se encuentran bajo la lupa de los congresistas estadounidenses. Uno de ellos se introdujo la semana pasada por la congresista demócrata nacida en Puerto Rico Nydia Velázquez.
La congresista Velázquez publicó el viernes pasado en su página oficial que su proyecto de ley “asegu-
raría a estos individuos que han vivido en Estados Unidos bajo este programa por un lapso de tres años que puedan permanecer en el país y perseguir un camino hacia la naturalización”.
“Las cosas no terminan con una decisión que tome el Departamento de Seguridad Nacional, sino que comienza una tercera etapa que implica llegar hasta el Congreso de Estados Unidos para lograr una salida definitiva para nuestros compatriotas amparados en el TPS”, aseveró Martínez, que regresó el sábado de una gira en Estados Unidos en la que dirigió una serie de foros para “visibilizar” los aportes de la comunidad salvadoreña protegida por el TPS a la economía, la cultura y las comunidades de esa nación.
El Ministerio de Relaciones Exteriores contrató hace unos meses a la firma de abogados Dentons Law para que, entre otros temas, lo asesorara sobre cómo las personas con TPS pueden aplicar a una residencia permanente.
Martínez se reunió el viernes pasado con Duke. El ministro de Relaciones Exteriores declinó ayer dar detalles de esa reunión, pero reveló que Duke le expresó que tomará en cuenta “el respeto a la dignidad de las personas beneficiarias” y que también esperan una solución permanente.