Diálogo públicoprivado y sociedad: fundamental para la competitividad

En el reporte del Doing Business 2018 publicado por el Banco Mundial el pasado 31 de octubre, nuestro país mejoró 22 posiciones con relación al año anterior. Se ubicó en la sexta posición de América Latina y la segunda de Centroamérica y es una de las 10 economías a escala mundial que más reformas ha impulsado en el último año. Este es el resultado del trabajo sistemático que el gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén viene impulsando desde el inicio de su gestión y que empieza a dar ya sus primeros resultados. Desde el Plan Quinquenal de Desarrollo se planteó como uno de sus objetivos estratégicos la dinamización de la economía nacional a través de la promoción de la inversión privada; y para ello, las mejoras continuas en el clima de negocios son un elemento fundamental. En los últimos tres años, nuestro país ha avanzado 45 posiciones en el ranking del Doing Business, pasó de la posición 118 en 2014 a la 73 en este último informe. Este informe mide cambios en leyes que inciden en la facilidad de hacer negocios a través de 10 áreas en el ciclo de vida de una empresa: apertura de una empresa, permisos de construcción, obtención de electricidad, registro de propiedades, obtención de crédito, protección a inversionistas minoritarios, pago de impuestos, comercio transfronterizo, cumplimiento de contratos y resolución de insolvencias. El Salvador tuvo un desempeño favorable en seis de estos indicadores, sin embargo, son cuatro los que explican este salto sin precedentes en la historia de nuestro país. En el indicador de Comercio Transfronterizo ocupamos la primera posición en Centro América y América Latina y la número 43 a escala mundial y somos el único país de la región centroamericana en evidenciar avances en esta materia. Esto es el resultado de la ampliación de horarios 24/7 en las fronteras terrestres, la puesta en marcha del Operador Económico Autorizado (OEA), la exigencia de declaraciones anticipadas, el registro de medios de transporte con dispositivos de identificación por radiofrecuencia y la transmisión electrónica de certificados fitosanitarios y zoosanitarios, entre otros. Las medidas han incidido en la reducción de tiempos en frontera hasta en 40 % en relación con 2017. En el indicador de Facilidad para el Pago de Impuestos, el país salta a la posición 61, lo que representa un avance de 105 puestos respecto del año anterior. Esto se explica por la mayor eficiencia en el proceso de presentación y pago de impuestos, cuya presentación en línea se ha hecho obligatoria a partir de este año, reduciendo así los tiempos y los costos del proceso. En Obtención de Permisos de Construcción, y como resultado de trabajo conjunto de distintas instituciones públicas con el Organismo de Mejora Regulatoria (OMR), se han impulsado reformas que inciden positivamente en el proceso, tiempo y calidad de control de las construcciones. Además, en febrero de este año se publicaron las reformas al Reglamento a la Ley de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Área Metropolitana de San Salvador, que incorporan cambios en instrumentos de regulación, uso de suelo, responsabilidad profesional, procedimientos y requisitos que inciden positivamente en esta materia. Finalmente, en el indicador de Acceso a la Electricidad, el informe destaca la mejora en la confiabilidad de la electricidad mediante la introducción de nuevos programas (software) que permiten un mejor manejo de cortes de suministro y planificación de mantenimiento. Para seguir consolidando esta recuperación en los índices de competitividad debemos seguir trabajando en la implementación de políticas públicas que faciliten y estimulen las iniciativas productivas, pero sobre todo debemos seguir privilegiando la concertación con el sector privado y la sociedad por encima de la confrontación.

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