Critican recorte a la inversión social en el presupuesto
El Presupuesto General de la Nación para 2018 no responde a las necesidades de desarrollo que tiene El Salvador, aseguró el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI). Según la entidad, no se han destinado suficientes fondos a partidas claves para superar la pobreza, como la inversión pública en la niñez y la adolescencia (IPNA). El Gobierno ha asignado $1,601.6 millones en esta área para el próximo año. Si bien esta cifra es superior a $1,526.6 millones de 2017 (un aumento del 4.9 %), esto se traduce en un incremento de apenas $0.12 en el gasto por niño. Es más, en términos reales, al considerar el incremento en el costo de la vida, el aumento es solo de $0.07.
Carlos Cáceres, titular del Ministerio de Hacienda, reconoció que el gasto social que se hace en El Salvador no es suficiente, pero dijo que es difícil hacer los ajustes necesarios debido a la rigidez del presupuesto, ya que hay varias partidas que no pueden modificarse, porque la ley ya les asigna un porcentaje (ver nota aparte).
El 50.4 % de los fondos para la IPNA serán ejecutados por el Ministerio de Educación (MINED). No obstante, al ICEFI le preocupa que se ha previsto una reducción de $8.8 millones en la partida para dicha cartera, lo que pondría en riesgo la implementación del modelo de Escuela Inclusiva a Tiempo Pleno. Además, el programa de Salud y Alimentación Escolar tendría un recorte del 28.6 %.
“El comportamiento de estos indicadores muestra que el proyecto del presupuesto 2018 de El Salvador incumple con los principios de presupuestación pública para fomentar los derechos de la niñez y adolescencia: suficiencia, eficacia, eficiencia, equidad, transparencia y sostenibilidad”, advirtió el ICEFI.
De hecho, el presupuesto 2018 plantea un recorte a casi todas las dependencias del Estado, con excepción del Trabajo y Turismo. Las reducciones más fuertes son para el Ministerio de Economía, porque se pasara de pagar $40.2 millones en subsidio a gas propano a $16.6 millones, y a un corte de $8.8 millones para el Ministerio de Medio Ambiente, a causa de la reducción de un programa de manejo de desechos sólidos que era ejecutado mediando un préstamo.
Ricardo Castaneda, economista del ICEFI, hizo énfasis en que Educación llegó a significar el 3.6 % del PIB en 2015, pero desde entonces se ha ido reduciendo la partida hasta llegar a 3.2 % en 2018. De igual forma, Salud pasará de haber representado el 2.4 % del PIB en 2013 a solamente el 2.1 %. El Gobierno debería priorizar más ambas carteras, señaló el analista.
Lo que sí incrementaría es lo que se destina para el pago de deudas, que sería la quinta parte del presupuesto de egresos.
Del total de gastos que el Gobierno central ha previsto para 2018, sin tomar en cuenta los pagos relacionados al sistema de pensiones, el 69.9 %, corresponde solo a gastos de funcionamiento y el 15.6 % es para pago de deuda pública, lo que deja solo el 14.5 % para gastos de capital.
En los gastos de funcionamiento, lo más representativo son los servicios personales o remuneraciones, es decir el salario de los empleados públicos, que costarán $1,811 .5 millones, 1.2 % más que lo que se plantó en 2017.