Organizaciones sociales piden más leyes para DDHH
“Lo hemos conversado con el alcalde, quien dice: ‘Aquí los vienen a tirar de otros municipios’, pero al final es un fenómeno que hay que atacar. Lo que más urge es poder iluminar e instalar cámaras de seguridad para hacer una prevención situacional en esta zona”.
Por otra parte, lo que ocurre en varias ocasiones es que los cadáveres encontrados tienen dos características: son dejados muy limpios, de manera que ofrecen pocas pistas para encontrar a los asesinos, o son mutilados y destrozados con un lujo de barbarie tal que también impide su identificación. Y, además, estas serían razones que suman al hecho de que de esos 375 asesinatos de mujeres solo cinco hayan llegado a ser casos judicializados.
El informe incluye estadísticas sobre los nombres más frecuentes de las víctimas: en 16 de los casos, la víctima se llamaba María; en cinco, Rosa; en cuatro, Wendy; en otros cuatro, Yessenia; luego los nombres Ana, Juana y Jénniffer sumaron tres casos cada uno.
“El tema de los nombres pudiera parecer irrelevante, pero en el tema de los códigos de las pandillas, los nombres tienen mucho que ver y ese tema ha sido poco explorado, y es importante que se empiece a visibilizar, porque normalmente no lo tenemos claro al hablar de violencia de género”, anotó la directora ejecutiva del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), Yanira Argueta.
En los últimos cuatro años, en El Salvador han sido asesinadas 400 mujeres por año, destaca el informe.
“Esperamos que el análisis de esta información, que ha sido realizado por un equipo multidisciplinario de especialistas, entre investigadores, procesadores de datos, antropólogos e historiadores, permita fundamentar el diálogo de políticas públicas dirigidas a la prevención de violencia de género, con un enfoque integral en el Estado”, expresó Dávila. Defensoras de los derechos humanos pidieron ayer más leyes para desapariciones forzadas, salud sexual y seguridad ciudadana, por lo que presentaron diferentes propuestas que harán llegar al Gobierno para que se tomen muy en cuenta los temas y las situaciones que vulneran los derechos de los salvadoreños. Entre una de las propuestas para erradicar o disminuir las desapariciones forzadas está el crear una ley general contra la desaparición forzada de personas, en consulta con la sociedad civil. Así también proponen en el tema de seguridad, por la violencia que aqueja al país, fortalecer los controles internos de la Policía Nacional Civil (PNC) y también que el Estado salvadoreño reconozca legalmente y proteja el derecho a ejercer la labor de las personas defensoras de los derechos humanos, libre de amenazas y riesgo contra sus vidas, su integridad física, mental o emocional, y las de sus familias. Aseguran que cada vez en El Salvador se vulneran más los derechos humanos.