La Prensa Grafica

ANTECEDENT­E DE DEMANDA AL ESTADO SALVADOREÑ­O

- Laprensagr­afica.com DOCUSAL, la empresa a la que en un principio se le concesionó el servicio de emitir los DUI, demandó al Estado salvadoreñ­o a través del RNPN por incumplimi­ento de contrato.

Para atender a cerca de dos millones de salvadoreñ­os cuyo documento vence el próximo año, el Registro recurrirá a la apertura temporal de cuatro agencias donde se podrá obtener el documento; estas estarán ubicadas en el lugar conocido como El Coyolito, en Tejutla, Chalatenan­go; en el puerto de La Libertad y Ciudad Merliot, ambos del departamen­to de La Libertad; y en Mejicanos, San Salvador. El Registro invertirá $723,092.54 en la contrataci­ón de 43 personas durante 16 meses que durará la renovación masiva. También han presupuest­ado $41,254.28 en gastos de equipos informátic­os, uniformes, entre otros aspectos. En total, desarrolla­r esta fase le costará al Registro $764,346.82. CIUDADANOS TENDRÁN QUE ACUDIR A RENOVAR SU DUI SI QUIEREN PARTICIPAR EN LAS ELECCIONES DEL 4 DE MARZO DE 2018. ES EL PRECIO QUE SE DEBE PAGAR EN UNA SUCURSAL BANCARIA ANTES DE REALIZAR EL TRÁMITE DE RENOVACIÓN EN UN DUICENTRO. TUVO QUE PAGAR EL ESTADO SALVADOREÑ­O PARA COMPENSAR PÉRDIDAS QUE TUVO DOCUSAL LUEGO DE QUE LOS DIPUTADOS PRORROGARO­N POR TRES AÑOS LA VIGENCIA DE MILES DE DUI. En noviembre de 2006, la Asamblea Legislativ­a aprobó que 3.5 millones de DUI que vencían ese año lo hicieran hasta el 31 de diciembre de 2009, es decir, alargó la vida útil de los documentos por tres años más; 3.5 millones de ciudadanos que portaban estos documentos dejaron de renovarlos porque les favoreció la legislació­n aprobada. Ante esta aprobación, DOCUSAL, la empresa que antes tenía la concesión de la emisión y entrega de los documentos, demandó al Estado por $16 millones y acusó de daños y perjuicios. Ambas partes se fueron a un arbitraje que al final determinó que el Estado salvadoreñ­o, representa­do por el RNPN, violó el contrato y le ordenó pagar $8.3 millones en concepto de indemnizac­ión por las pérdidas que le generó a la empresa la prórroga que aprobaron los diputados de la Asamblea Legislativ­a.

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