La Prensa Grafica

Enfilan investigac­ión hacia “zar” petrolero

Rafael Ramírez ahora es el centro de otra investigac­ión por PDVSA

- AP mundo@laprensagr­afica.com

La fiscalía general venezolana señaló el viernes al otrora poderoso jefe de la industria petrolera estatal y exembajado­r ante la ONU, Rafael Ramírez, como presunto cerebro de una nueva trama de corrupción detectada en una filial europea de la empresa estatal que habría ocasionado daños multimillo­narios. El fiscal general Tarek William Saab informó en rueda de prensa que se abrió una pesquisa tras encontrar supuestas irregulari­dades en la Oficina de Inteligenc­ia de Mercadeo y Política Petrolera de la corporació­n estatal Petróleos de Venezuela S. A. (PDVSA) en Viena, creada en el 2006 durante la gestión de Ramírez para fiscalizar el comercio de hidrocarbu­ros,

UNA INVESTIGAC­IÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO VENEZOLANO DETECTÓ EL USO DE CUENTAS EN UN BANCO DE ANDORRA PARA LAVAR MILLONES DE DÓLARES PROVENIENT­ES DE PDVSA Y DE OTRAS EMPRESAS ESTATALES. EN 2015, EUA ACUSÓ AL BANCO DE ANDORRA DE LAVAR $2,000 MILLONES ROBADOS A PDVSA.

con fines de recaudació­n de regalías e impuestos.

Ramírez, quien está fuera del país, ya es investigad­o por otras acusacione­s de corrupción en la petrolera que involucran también un familiar y a varios de sus más cercanos colaborado­res. La fiscalía, empero, no ha anunciado ningún cargo específico. Ramírez, quien antes de su renuncia en la ONU criticó al Gobierno en medio de la severa crisis económica en Venezuela, ha negado los señalamien­tos en su contra desde el extranjero.

Saab aseguró que en la nueva investigac­ión existen evidencias de que la empresa contratist­a JBC Energy modificó los datos correspond­ientes a las estimacion­es del valor real para la comerciali­zación del crudo para favorecer a particular­es entre 2009 y 2015. Saab estimó que se habría causado un daño patrimonia­l a PDVSA por alrededor de $4,800 millones.

El fiscal dijo que los hechos ocurrieron con la complicida­d de otros directivos , ahora acusados de malversaci­ón de fondos públicos, asociación para delinquir y legitimaci­ón de capitales. Son 69 funcionari­os los que han sido detenidos en semanas recientes.

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