Beneficiarios, activistas y abogados reclaman por arrancar protección
Sostienen como cruel que inmigrantes vuelvan a un país con tantos homicidios.
Beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés), activistas y abogados de inmigración reclamaron ayer la decisión de arrancar a 190,000 residentes legales de su protección a la deportación en un acto que algunos llamaron “cruel”.
“La decisión de hoy (ayer) sobre el TPS para salvadoreños es otro punto cruel en la intención del gobierno de (Donald) Trump de deportar a millones. Los salvadoreños beneficiarios de TPS han vivido aquí con permiso para trabajar durante casi dos décadas. Son estadounidenses en todo, excepto en su documentación. Ahora, el gobierno de Trump está tratando de obligarlos a regresar a un país sumido en la corrupción, la violencia y en la debilidad de su Gobierno. Que este sea un anuncio cruel y despiadado es, para quienes lo idearon en el Gobierno, uno de sus rasgos distintivos, no una excepción”, dijo ayer en un comunicado de prensa Frank Sharry, director ejecutivo de la organización America’s Voice Education Fund, que lucha por una reforma migratoria.
A su vez, la red más amplia de abogados de inmigración de Estados Unidos, la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA, en inglés), condenó de lleno el anuncio de la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen.
Sin embargo, AILA expresó que está fuera de los límites “mandar a casi 200,000 personas y a sus familias a un país que todavía está en caos por la destrucción de desastres naturales y una actividad criminal, que incluye una alta tasa de homicidios”.
La semana pasada, alcaldes de las mayores ciudades de Estados Unidos enviaron una carta al Departamento de Estado pidiendo extender la protección de los salvadoreños y recordaron que este país tiene una de las más altas tasas en homicidios.
“Con base en la dirección del presidente Trump y con la guía de funcionarios y asesores como Jeff Sessions, John Kelly y Stephen Miller, el Gobierno ha estado avanzando una visión radical que busca echar y mantener fuera a inmigrantes y refugiados”, señaló Sharry.
“Congreso, arréglalo ahora”, entonó el activista Jaime Contreras, del Sindicato Internacional de Trabajadores de Servicios (SEIU), que lideró una marcha improvisada frente a la Casa Blanca sobre la medida, apenas una hora después de que se oficializó la cancelación del TPS por parte del Ejecutivo que preside Donald Trump.
Rodeados de inmigrantes procedentes de distintos países y que se sienten amenazados por las políticas migratorias tomadas por Estados Unidos desde enero de 2017, Contreras y otras organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes entonaron consignas.
“Los salvadoreños beneficiarios de TPS han vivido aquí con permiso para trabajar durante casi dos décadas. Son estadounidenses en todo, excepto en su documentación”. FRANK SHARRY, DIRECTOR EJECUTIVO DE AMERICA’S VOICE