LOS PAÍSES MÁS VIOLENTOS DEL MUNDO, EL SALVADOR, HONDURAS Y GUATEMALA, ESTÁN EXPERIMENTADO UN CAMBIO. ¿SERÁ SOSTENIBLE?

Hay indicios de un cambio gradual de los enfoques de seguridad “duros” a intervenciones enfocadas en la prevención. Después de años de inversión silenciosa, algunos beneficios se están haciendo evidentes.

Con la mirada de los medios globales puesta en la pirotecnia política de Los Estados Unidos y México, algo inesperado ha tenido lugar en Centroamérica. Considerados durante mucho tiempo como los países más peligrosos del mundo, El Salvador, Guatemala y Honduras registraron descensos sin precedentes en los homicidios durante los últimos años. Esto no quiere decir que todo esté bien. Sin embargo, en una región donde los políticos y los ciudadanos a menudo dan la bienvenida a medidas de mano dura y donde la violencia es trágicamente rutinaria, el cambio no deja de llamar la atención.

Se puede argumentar que la caída más dramática en la violencia homicida ocurrió en El Salvador, clasificado como el país más violento del mundo desde 2015. La tasa de homicidios del país cayó de un pico de 103 por 100,000 habitantes en 2015 a alrededor de 60 por 100,000 en 2017. Aunque aún es tres veces el promedio de Latinoamérica, El Salvador podría reducir sus tasas a los niveles experimentados entre 2005-2010. Sin embargo, con elecciones en 2018, esta tendencia dependerá de si el Gobierno decide aumentar su guerra contra las pandillas o apuesta por medidas que prevengan un nuevo aumento de la violencia.

Por otro lado, después de años de encabezar las listas globales de homicidios, Honduras también registró sorprendentes reducciones en los niveles de violencia letal. La caída en las muertes violentas en este país comenzó en 2011, año en el que este país reportó 87 asesinatos por cada 100,000 personas. Hoy, la tasa nacional de homicidios registra 46 por cada 100,000, un 40 % menos que hace seis años. A pesar de este cambio notable, esta cifra sigue siendo mayor que la registrada a mediados de la década de 2000.

Guatemala también está registrando avances importantes en la reducción de homicidios. Las tasas de asesinatos comenzaron a disminuir en 2009, cuando la tasa se ubicó en 46 por cada 100,000. Y aunque los asesinatos cayeron solo un 4 % entre 2016 y 2017, la tasa de este último año, que fue de 26 por 100,000, es la mitad de lo que era hace ochos años y se encuentra por debajo del promedio nacional.

Las reducciones notables en los homicidios en el triángulo norte contrastan marcadamente con la intensidad de la violencia letal en México. Después de reportar niveles fluctuantes de homicidio en años anteriores, en 2017 México registró uno de los aumentos más notables a nivel global, con un cambio del 20 por ciento con respecto al 2016, superando en un 94 por ciento lo registrado en 2005. Aunque no reporta el número absoluto más alto de homicidios en el mundo –esta trágica distinción la sigue teniendo Brasil– este país sí se ubica entre los 10 primeros.

¿Cómo explicamos la notable caída de homicidios en Centroamérica? Por un lado, los países del triángulo norte finalmente podrían estar experimentando los dividendos de años de inversiones en medidas de seguridad pública, especialmente iniciativas de prevención. Si bien sigue siendo común el uso de medidas agresivas de mano dura y el despliegue de fuertes intervenciones contra el crimen, especialmente en El Salvador, donde persisten las “medidas extraordinarias” para reprimir a las pandillas, el atractivo de estas políticas pierde fuerza, en medio de fuertes críticas a causa de las ejecuciones extrajudiciales.

El Plan El Salvador Seguro de 2014, formulado con el apoyo de la ONU, USAID y un Consejo Nacional, formado por diversos actores políticos y miembros de la sociedad civil que se dedicó a su elaboración, priorizó la prevención, pero el costo de $2,000 millones tornó difícil cumplir con sus cuatro prioridades: la prevención de la violencia y la creación de empleo, la ampliación de la presencia estatal en 50 municipios priorizados, la mejora de la infraestructura carcelaria y la aplicación de los servicios para las víctimas de deli-

tos. En este país, el presupuesto de seguridad pública aumentó de $120 millones en 2008 a $775 millones en 2014.

Por su parte, Honduras lanzó la Política Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana (2011-2022) con el apoyo de la ONU. Esta política construida a partir del amplio apoyo brindado por los Estados Unidos para fortalecer la investigación criminal y el trabajo con las comunidades, estableció un Consejo Nacional que ha definido prioridades y objetivos, en un trabajo conjunto en el que participan el Ministerio Público, el Poder Judicial y las instituciones encargadas de la seguridad. Desde su lanzamiento, el presupuesto de seguridad pública y justicia aumentó en un 50 %. Adicionalmente, en 2016, el BID apoyó un importante programa de reforma policial, que ha tenido como resultado la destitución de miles de oficiales que no se encontraban calificados. Además, en contraste con El Salvador, Honduras ha tomado la decisión de cerrar cárceles que tenían problemas de malos manejos y administración.

En Guatemala, el Gobierno lanzó en 2011 una estrategia llamada Plan Pandillas, enfocado en la reducción de la violencia letal. La financiación para los sectores de seguridad y justicia se incrementó entre 2012 y 2016, destinando recursos a la modernización de la Policía Nacional Civil y los sistemas penales. Las autoridades guatemaltecas también se propusieron mejorar la coordinación entre los fiscales, la policía, el instituto de ciencias forenses y los tribunales con el objetivo de esclarecer los casos de homicidio y disminuir la impunidad. Además, el Gobierno centró las intervenciones en los “puntos calientes” que concentraban homicidios y desplegó una nueva unidad antipandillas para abordar las situaciones más problemáticas.

Estas y otras intervenciones para reducir las muertes violentas no han estado exentas de problemas. De hecho, sigue existiendo una dependencia peligrosa sobre la medidas excepcionales y el uso desmedido de la fuerza para abordar los problemas de seguridad pública. La corrupción también continúa siendo generalizada y miembros de policía, funcionarios de la justicia penal y el personal penitenciario continúan teniendo vínculos con redes del crimen organizado. Además, la disponibilidad de armas de fuego y municiones ilícitas, así como la continua filtración de inventarios públicos para fines privados, son motivos de gran preocupación.

A pesar de ello, hay indicios de un cambio gradual de los enfoques de seguridad “duros” a intervenciones enfocadas en la prevención. Esto se debe en parte a la presión externa de socios internacionales y bilaterales. Después de años de inversión silenciosa, algunos beneficios se están haciendo evidentes. El mayor enfoque en las ciudades como punto de acción también genera rendimientos. Esto tiene mucho sentido: más del 60 por ciento de la población vive en entornos urbanos, lo que explica por qué la violencia homicida está hiperconcentrada en estos espacios. Una de las lecciones del triángulo norte es que un enfoque concentrado en los puntos críticos en las principales ciudades, ya sea San Salvador, Tegucigalpa, San Pedro Sula o Ciudad de Guatemala, hace la diferencia.

Los esfuerzos para reducir los homicidios y promover la seguridad en el triángulo norte son frágiles y están expuestos a las interferencias. Autoridades y candidatos nacionales y locales se ven tentados a recurrir a medidas severas, que continúan teniendo un considerable apoyo por parte de la ciudadanía. Sin embargo, las experiencias recientes muestran que hay oportunidades para tomar un camino diferente; pero es necesario contar con un plan realista, con objetivos claros y un compromiso para desarrollarlo. Los resultados pueden tardar en materializarse, pero las intervenciones más inteligentes pueden marcar la diferencia, incluso en algunos de los entornos más violentos del mundo.