La Prensa Grafica

AGENTE DENUNCIA QUE POLICÍAS LA VIOLARON EN RANCHO DE PLAYA

La violación, según la denunciant­e, ocurrió en septiembre pasado. La Fiscalía dice que la Policía no le remitió las diligencia­s del caso hasta el pasado miércoles.

- Jessica Ávalos judicial@laprensagr­afica.com

Cinco agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) violaron a una mujer policía en el rancho de playa de la Asociación de Miembros Retirados de la Policía Nacional Civil (AMIRPON) el 29 de septiembre del año pasado, según denunció ella ante la institució­n. Los policías arrendaron la cabaña número 2 de ese rancho, ubicado en la playa Conchalío, La Libertad. La violación, según la denunciant­e, ocurrió luego de que los agentes consumiero­n licor.

Una comisión de la Unidad de Asuntos Internos de la PNC, la oficina encargada de investigar delitos cometidos por agentes, llegó a inspeccion­ar el lugar pocos días después, el 7 de octubre de 2017. Tomaron fotografía­s en el sector sur del rancho, donde está ubicada la cabaña número 2, y también entrevista­ron a los empleados del centro recreativo, quienes dijeron que no escucharon ni vieron nada.

“Una sargenta y dos detectives llegaron, tomaron fotografía­s y se llevaron el caso. Llevaban a la víctima, pero no dieron el nombre. No dieron el nombre porque dijeron que era un caso delicado”, comentó una de las personas que tienen detalles de la inspección, quien habló bajo anonimato.

AMIRPON funciona desde que surgió la PNC y también permite el ingreso de particular­es. Está abierto de 6 de la mañana a 6 de la tarde, pero se puede pagar por pasar la noche en el lugar, como el caso de los agentes señalados. La inspección del lugar duró aproximada­mente cuatro horas.

LA PRENSA GRÁFICA intentó conocer detalles del caso en la Unidad de Asuntos Internos de la Policía, pero el oficial de servicio dijo que no iba a comentar sobre el tema porque todos los casos que investigan en esa unidad tienen reserva.

INVESTIGAC­IÓN FISCAL

LA PRENSA GRÁFICA buscó ayer a la Fiscalía General de la República (FGR) para preguntar por qué después de tres meses no han dado órdenes de captura en este caso. El gerente de comunicaci­ones, Salvador Martínez, aseguró que esa institució­n recibió las di-

ligencias policiales del caso el pasado miércoles por la tarde: “Ellos (la Policía) iniciaron esa investigac­ión de forma interna a raíz de la denuncia que hace ella, y nos remiten esas diligencia­s el día de ayer”.

Una fuente policial, quien también pidió reservar su identidad, señaló que la investigac­ión no avanzaba porque uno de los policías involucrad­os es familiar de un fiscal de la zona de La Libertad. Martínez, sin embargo, se desmarcó de tal señalamien­to alegando que ellos no recibieron el caso hasta esta semana.

“Desde septiembre hasta ahora nos vienen a remitir el caso. Hasta el día de ayer hubo una reunión para entregar el caso. No podemos girar órdenes de detención si hay dudas", dijo el vocero de la FGR.

Esta denuncia se suma a los recientes casos de violencia contra mujeres policías ejercida por sus mismos compañeros en la institució­n. Hoy se cumplen tres semanas desde la desaparici­ón de la agente Carla Ayala, quien, según la versión oficial, fue desapareci­da por uno de sus compañeros luego de una fiesta en el GRP. El director la Policía, Howard Cotto, dijo ayer que hay avances en la investigac­ión del caso y precisó las medidas que han tomado con los agentes del GRP que han sido separados temporalme­nte de esa unidad élite (lea nota secundaria).

Recienteme­nte, 11 organizaci­ones que trabajan por los derechos humanos expresaron su preocupaci­ón ante los últimos hechos de violencia contra mujeres policías. Recordaron que la PNC cuenta con herramient­as para no tolerar e impedir impunidad en estos casos dentro de la institució­n; entre estas, un protocolo para el abordaje de violencia y discrimina­ción por razones de género y una red de mujeres policías defensoras de derechos humanos.

“Un camino equivocado sería privilegia­r el silencio, omitir investigac­iones efectivas, encubrir los hechos y a los hechores de cualquier nivel y dar un paso a la impunidad y a la violencia institucio­nal”, alertaron las organizaci­ones el pasado 3 de enero.

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RANCHO DE PLAYA. EL CENTRO RECREATIVO ES PROPIEDAD DE LA ASOCIACIÓN DE MIEMBROS RETIRADOS DE LA POLICÍA NACIONAL CIVIL.

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